La Procuraduría General de la Nación activó un proceso de vigilancia preventiva sobre la reciente modificación de los estatutos de la Universidad del Atlántico, en especial tras la polémica aprobación del artículo que permite la reelección inmediata del rector en funciones.
El órgano de control busca asegurar que el proceso adelantado por el Consejo Superior de la institución respete el principio de legalidad y no afecte el interés general, ni vulnere los derechos de la comunidad universitaria. La reforma fue aprobada con cinco votos a favor y tres abstenciones durante una sesión celebrada en la sede de la Gobernación del Atlántico.
En un comunicado oficial, la Procuraduría instó al presidente del Consejo Superior a garantizar que la autonomía universitaria se ejerza en armonía con la Constitución y la ley, advirtiendo que no se trata de un principio absoluto y que tiene límites en el marco del ordenamiento jurídico nacional.
Además, el ente de control solicitó un informe detallado del procedimiento seguido para la modificación del estatuto, junto con los soportes que lo sustenten. El objetivo, según explicó, es velar por la seguridad jurídica, la equidad, el debido proceso y el respeto al marco normativo que regula la educación pública superior.
La reforma, en particular la modificación del artículo 29 del Estatuto General, ha sido vista por algunos sectores como una movida política que podría concentrar poder y reducir la alternancia en la administración universitaria. No obstante, recibió el respaldo de la mayoría de los estamentos del alma mater, incluyendo estudiantes, docentes, egresados y representantes de gremios.
Con esta medida de vigilancia, la Procuraduría busca prevenir posibles irregularidades y garantizar que cualquier cambio en la estructura normativa de la universidad se haga con transparencia, participación y dentro del marco legal.
