El ente de control solicitó a autoridades ambientales y sanitarias evaluar la calidad del agua en balnearios clave tras denuncias de brotes cutáneos en bañistas, incluidos menores de edad.
La Procuraduría General de la Nación solicitó una inspección urgente de las condiciones ambientales y sanitarias en varias playas de Santa Marta, ante denuncias por casos de brotes cutáneos en adultos y niños que habrían estado en contacto con el agua de mar en zonas turísticas de la ciudad.
El requerimiento fue dirigido al Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental (DADSA), a la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (CORPAMAG), al Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR) y a la Secretaría de Salud Distrital. Estas entidades deberán realizar una evaluación técnica de la calidad del agua en balnearios como Bahía de Santa Marta, Taganga, El Rodadero, Puerto Gaira, Playa Salguero, Pleno Mar y Bello Horizonte.
Según explicó la Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, la solicitud tiene base en reportes técnicos de la red de monitoreo ambiental marino-costero y en publicaciones recientes de medios de comunicación que advirtieron sobre afectaciones en la piel de los bañistas.
“El objetivo es determinar si las playas cumplen con las normas de calidad para uso recreacional y si son aptas para el contacto primario y secundario”, señaló el organismo, en referencia a actividades como el baño o deportes acuáticos.
La situación vuelve a poner sobre la mesa las preocupaciones en torno a la sostenibilidad de las playas samarias, en una ciudad que cada año recibe a miles de turistas y cuya economía depende ampliamente del sector turístico. En el pasado, organizaciones ambientales y universidades ya habían alertado sobre la presencia de vertimientos de aguas residuales sin tratamiento adecuado, que terminan en el mar Caribe a través de quebradas y ríos urbanos.
Aunque se han desarrollado proyectos para mejorar la infraestructura de saneamiento básico, aún persisten retos estructurales como la falta de plantas de tratamiento eficientes, el descontrol sobre las descargas ilegales y la creciente urbanización costera sin planificación ambiental.
La Procuraduría fue enfática en advertir que, si se detectan irregularidades o condiciones que afecten la salud pública, se podrían iniciar actuaciones disciplinarias contra los funcionarios responsables por omisiones institucionales.
Esta alerta se produce en plena temporada vacacional, cuando la ocupación hotelera y la afluencia de visitantes alcanzan niveles altos, lo que podría agudizar los efectos si no se toman medidas inmediatas. Las autoridades aún no han emitido restricciones, pero se espera un pronunciamiento oficial tras la revisión de las condiciones ambientales.
Y.A.
