A través de redes sociales, ha surgido una fuerte crítica al gobierno del presidente Gustavo Petro por la masiva contratación bajo la modalidad de prestación de servicios. Según las denuncias, en lo que va del año 2025 se habrían firmado alrededor de 374.000 contratos, con un costo total que superaría los 16 billones de pesos del presupuesto nacional.
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Sectores de oposición han calificado esta práctica como una estrategia electoral anticipada del Pacto Histórico de cara a las elecciones presidenciales de 2026, argumentando que esos recursos podrían haber sido invertidos en sectores clave como la salud, la seguridad y la educación. “Vamos camino a una gran estafa electoral”, señalaron en una de las publicaciones que ha generado amplio debate.
Aunque los contratos por prestación de servicios son una figura legal y común en la administración pública, críticos del actual gobierno advierten que el volumen y el costo de esta contratación son inéditos y deben ser revisados por los órganos de control. Algunos analistas políticos también han expresado preocupación por el posible uso clientelista de estas vinculaciones.
Hasta el momento, el Gobierno Nacional no ha emitido una respuesta oficial frente a estas acusaciones. Sin embargo, se espera que la Contraloría y la Procuraduría analicen el caso en detalle para determinar si se ha incurrido en posibles irregularidades o en uso indebido de recursos públicos.
