La reciente decisión de la Procuraduría General de la Nación de solicitar una evaluación urgente sobre la calidad ambiental en las playas de Santa Marta ha sido recibida con escepticismo por parte de sectores ciudadanos y ambientalistas, que consideran la medida tardía frente a un problema que lleva más de una década sin solución real.
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De acuerdo con denuncias públicas, desde 2010 las aguas recreativas de Santa Marta no cumplen con los estándares de calidad recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el contacto humano, especialmente en sectores como El Rodadero, Taganga, Bahía de Santa Marta y Playa Salguero. A pesar de los reiterados reportes de contaminación por vertimientos de aguas residuales, el problema ha sido ignorado o minimizado por las autoridades locales.
En medio de este panorama, también ha sido criticada la eventual participación de la empresa Essmar (Empresa de Servicios Públicos del Distrito) en los procesos de evaluación, ya que muchos consideran que es la menos indicada para liderar o validar estudios sobre la calidad del agua, dado su rol operativo y su historial de cuestionamientos en el manejo de alcantarillado y vertimientos.
La decisión de la Procuraduría se da después de múltiples denuncias de ciudadanos y turistas que aseguran haber sufrido afectaciones cutáneas tras bañarse en el mar, lo que ha generado alerta en redes sociales y un llamado a intervenir urgentemente la situación sanitaria del litoral samario.
Ambientalistas insisten en que se requiere una evaluación técnica independiente, transparente y respaldada por entidades científicas como Invemar o universidades, y no por actores que podrían tener conflictos de interés. También reclaman acciones estructurales que garanticen el saneamiento de las aguas, más allá de diagnósticos parciales o reacciones institucionales tardías.
