El órgano de control advierte que frenar el proyecto en el Canal del Dique comprometería la restauración ambiental y social de más de 1,5 millones de personas en Bolívar, Atlántico y Sucre, además de generar riesgos en ecosistemas estratégicos como el Parque Corales del Rosario.
La Contraloría General de la República advirtió al Ministerio de Ambiente y a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) sobre las graves consecuencias que traería consigo la eventual suspensión del proyecto de restauración del Canal del Dique, una propuesta sugerida por el presidente Gustavo Petro durante el Consejo de Ministros del pasado 15 de julio.
Mediante una carta oficial enviada a ambas entidades, el ente de control reiteró su advertencia previamente emitida en noviembre de 2024, buscando evitar “la materialización de los riesgos en ella identificados y la afectación de los intereses públicos”. La preocupación surge a raíz del impacto negativo que podría tener detener un proyecto de gran escala que fue declarado de «Importancia estratégica para la Nación» a través del CONPES 3594 del 10 de julio de 2009.
El ambicioso proyecto de restauración va más allá de la descontaminación de la Bahía de Cartagena. Su alcance cubre impactos positivos en 19 municipios de los departamentos de Bolívar, Atlántico y Sucre, beneficiando de manera directa a más de 1,5 millones de personas distribuidas a lo largo de los 116 kilómetros del canal.
Entre los beneficios que destacan en el documento técnico enviado por la Contraloría se encuentran:
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Regulación activa de caudales y control de inundaciones.
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Reducción de sedimentos en las bahías de Cartagena y Barbacoas.
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Protección contra la intrusión salina en cuerpos de agua dulce.
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Fomento a la adaptación al cambio climático.
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Restauración de ecosistemas y cuerpos hídricos, incluyendo el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo.
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Garantía del recurso hídrico para el consumo humano y las actividades agropecuarias.
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Mejora de la navegabilidad en esta importante hidrovía.
En este sentido, la Contraloría hizo un llamado al Gobierno para evaluar cuidadosamente las implicaciones de suspender una obra de tal magnitud, considerando su impacto ambiental, social, económico y técnico.
Por otro lado, también se pronunció sobre la posibilidad de un cobro por valorización derivado de la ejecución del proyecto. Si bien el organismo manifestó su respeto frente a las decisiones del Ejecutivo, enfatizó que “si finalmente se confirma tal decisión, se cumpla cabalmente con todo lo estipulado en la Ley 1819 de 2016, en el Decreto 1618 de 2023 y en las demás leyes y normas vigentes que le sean aplicables”.
Esta advertencia de la Contraloría se suma al creciente debate sobre las decisiones del gobierno nacional en torno a obras estratégicas, en momentos donde se pone a prueba la consistencia entre el discurso ambientalista del presidente y la ejecución de políticas públicas que garanticen sostenibilidad a largo plazo.
Y.A.
