La Defensoría del Pueblo advierte que la violencia se concentra en departamentos como Valle del Cauca, Norte de Santander, Cauca y Antioquia, donde persiste el asesinato sistemático de líderes sociales y excombatientes.
El más reciente informe de la Defensoría del Pueblo revela un preocupante panorama sobre la violencia en Colombia durante los primeros siete meses de 2025. Según el reporte, entre enero y julio se han registrado 34 masacres que dejaron un saldo de 116 víctimas fatales, evidenciando un alarmante repunte de los crímenes colectivos en el país.
Los departamentos más afectados por estas masacres son Valle del Cauca, con 10 casos, y Norte de Santander, con 6, convirtiéndose en epicentros de este tipo de hechos violentos que siguen golpeando a comunidades enteras. A esta lista se suma lo ocurrido recientemente en Yondó, Antioquia, donde una nueva masacre dejó tres personas muertas y un herido, hecho que ya está siendo investigado por las autoridades.
El informe también señala que han sido asesinados 89 líderes sociales, de los cuales 76 eran hombres y 13 mujeres. Marzo fue el mes más crítico con 20 homicidios de defensores de derechos humanos. En cuanto a la distribución territorial, los departamentos con mayor número de víctimas son Cauca (19 casos), seguido de Antioquia (12) y nuevamente Norte de Santander (7).
En paralelo, 25 firmantes del Acuerdo de Paz también han sido asesinados en lo corrido del año, evidenciando las dificultades para garantizar su reintegración y seguridad. Norte de Santander, donde se registraron 6 de estos crímenes, vuelve a destacarse como uno de los territorios más golpeados por la violencia postacuerdo.
La Defensoría del Pueblo fue enfática en su pronunciamiento:
“Cada vida arrebatada de forma violenta amenaza la democracia y la construcción de paz. Exigimos garantías reales para el ejercicio de la defensa de derechos humanos y la implementación del Acuerdo de Paz”.
Estas cifras no solo reflejan una grave crisis humanitaria, sino también un retroceso en la consolidación de la paz territorial. El asesinato sistemático de líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes representa una seria amenaza a la democracia, al Estado de derecho y al cumplimiento del Acuerdo Final de Paz firmado en 2016.
Organizaciones sociales y organismos internacionales han alertado sobre el resurgimiento de grupos armados ilegales en zonas rurales, la falta de presencia institucional efectiva y la impunidad que rodea muchos de estos casos. A pesar de los múltiples llamados de atención, los niveles de protección continúan siendo insuficientes.
Las comunidades afectadas insisten en la necesidad de fortalecer mecanismos de prevención, protección y justicia. Mientras tanto, el país sigue contando muertes que dejan cicatrices profundas en regiones donde se suponía que la paz ya estaba firmada.
Y.A.
