El presidente Petro acusó públicamente a Joseba Grajales de ser “criminal en Colombia”; Keralty niega irregularidades y confirma donaciones legales a campañas políticas.
En medio de una creciente controversia, el Grupo Keralty, propietario de la EPS Sanitas, anunció acciones legales penales y civiles contra el presidente de la República, Gustavo Petro, luego de que este lo señalara de estar involucrado en un robo sistemático de recursos públicos del sistema de salud.
Durante una alocución televisada el pasado martes 15 de julio, Petro calificó al presidente de la compañía, Joseba Grajales, como un “criminal en Colombia”, y anunció que llevaría el caso ante el Rey de España, Felipe VI, para tratar la supuesta responsabilidad de Keralty en la crisis de la salud.
La respuesta de Grajales no se hizo esperar. En una carta dirigida a sus colaboradores y medios de comunicación, el directivo rechazó las acusaciones del jefe de Estado, a las que calificó como “una campaña sistemática de desinformación, plagada de mentiras, calumnias e insultos”.
El abogado de la compañía, Juan David Riveros, confirmó en entrevista con Caracol Radio que ya fue interpuesta una denuncia por injuria, calumnia y actos de discriminación ante las autoridades competentes. “No tenemos claro qué motiva al presidente… no vamos a caer en el juego de descalificaciones”, expresó Riveros.
Una de las polémicas abordadas por Petro gira en torno a las supuestas donaciones políticas del grupo. Keralty reconoció que Keralty SAS, una de sus empresas constituidas en Colombia desde los años 90, donó 145 millones de pesos durante las elecciones presidenciales de 2022, recursos que se distribuyeron entre siete partidos políticos: Cambio Radical y Centro Democrático (40 millones cada uno), Partido Verde (25 millones), Partido de la U (15 millones), Partido Liberal (10 millones), Alianza Social Independiente (10 millones) y Justo y Libre (5 millones).
“No es cierto que pagamos a congresistas, las donaciones fueron simbólicas, registradas y dentro del marco legal”, enfatizó Riveros.
En cuanto al futuro de la intervención de Sanitas, el jurista precisó que la Superintendencia Nacional de Salud sigue administrando la EPS y aún no se conoce el fallo judicial que podría revertir dicha medida.
Respecto a las acusaciones del presidente sobre una deuda de 100 billones de pesos, Keralty considera que es una cifra inflada. “Corresponde a unos 50 días del sistema de salud en Colombia. No creemos que sea real”, afirmó el representante legal.
El Grupo también criticó duramente la intervención estatal, al indicar que los tiempos de pago a prestadores de salud pasaron de 35 a más de 90 días, deteriorando la atención a los usuarios.
Finalmente, Keralty reiteró su compromiso con el país: “Llevamos 40 años colaborando con el sistema de salud colombiano. A pesar de la actitud hostil del presidente, seguiremos trabajando para ofrecer calidad y servicio a nuestros usuarios”.
Y.A.
