Una empresa con vínculos políticos y múltiples cuestionamientos, sigue controlando millonarios contratos públicos en La Guajira, a pesar de su rol en el escándalo de los carrotanques y su historial de favorecimientos irregulares.
En La Guajira, una empresa sobresale por su omnipresencia en los contratos más delicados del departamento: Relaturg, o su nombre completo, la Asociación de Relacionistas y Transportadores Turísticos de La Guajira. Aunque a simple vista se presenta como un operador logístico y de transporte, su trayectoria reciente revela algo más complejo: una estructura empresarial ligada al poder político, recurrentemente beneficiada por procesos de contratación pública y ahora involucrada en uno de los escándalos de corrupción más sonados del país: el caso de los carrotanques de la UNGRD.
La historia de Relaturg es inseparable de los círculos de poder en La Guajira. Su fundador, Édgar Acosta Romero, fallecido hace tres años y excandidato a la alcaldía de Riohacha, tenía profundos vínculos con clanes políticos tradicionales como el Deluque y Nueva Fuerza Guajira. Su legado empresarial fue heredado por una red que ha mantenido vigente el nombre de la empresa en los procesos contractuales más importantes del departamento, especialmente en los servicios de transporte escolar y logística de emergencias.
Contrato millonario en el escándalo de los carrotanques
Uno de los episodios más cuestionables de la empresa ocurrió en 2023, cuando fue contratada por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) por más de 133 millones de pesos para realizar el “control y seguimiento al suministro de carrotanques” en el marco de la emergencia por falta de agua en La Guajira. Este contrato, lejos de significar una solución para las comunidades wayuu, terminó asociado a un entramado de corrupción y sobrecostos en la compra de los vehículos, que en muchos casos ni siquiera llegaron a prestar el servicio.
Mientras los carrotanques permanecían parqueados en batallones militares sin llevar una sola gota de agua a las comunidades más vulnerables, Relaturg cobraba por su labor como “interventor” del suministro. Lo paradójico es que esa misma empresa, ahora cuestionada a nivel nacional, sigue siendo considerada para nuevos contratos públicos, esta vez para el transporte escolar de más de 10.800 estudiantes en zonas rurales de La Guajira.
¿Cómo se benefició del proceso de licitación?
En el proceso de contratación LP-004-2025, que buscaba adjudicar el servicio de transporte escolar por 49.629 millones de pesos, Relaturg apareció como socio mayoritario (65%) de la Unión Temporal ALEEWAA ANOUTA 25-26, una de las dos únicas propuestas recibidas. A pesar de las denuncias previas por pliegos amañados y requisitos hechos a la medida, el proceso fue declarado desierto, oficialmente porque los proponentes no cumplían con los requisitos técnicos. Sin embargo, los ojos vuelven a ponerse sobre Relaturg, ya que la nueva adjudicación se hará por “selección abreviada”, lo que en la práctica abre la puerta a una contratación directa.
Este nuevo intento de adjudicación se da luego de múltiples alertas de organizaciones como Asonaltet, que desde mayo de 2025 advirtió que los requisitos de experiencia exigidos en los pliegos parecían hechos para favorecer exclusivamente a Relaturg, única empresa en el país que cumple con la trayectoria exigida por la Gobernación. Según Asonaltet, “se evita la libre concurrencia de participantes” y se fuerza un escenario donde el único operador posible es, nuevamente, Relaturg.
Una empresa con historia y poder
Relaturg ha prestado el servicio de transporte escolar en La Guajira en al menos tres periodos: 2018, 2019 y 2022, la mayoría de las veces bajo gobernaciones alineadas con el clan Deluque. En 2022, por ejemplo, una denuncia por documentación falsa aportada por la empresa llevó a que la licitación fuera declarada desierta por orden judicial. No obstante, la empresa siguió participando y siendo favorecida.
Lo más preocupante no es solo la permanencia de Relaturg en el negocio público, sino su doble papel como contratista y supervisor. Primero se benefició como operador de transporte escolar, luego como interventor del cuestionado contrato de carrotanques, y ahora vuelve como potencial contratista de transporte para estudiantes. ¿Qué clase de control puede ejercer una empresa sobre sí misma?
Un patrón de impunidad y concentración
La situación de Relaturg no es una excepción, sino un síntoma de una enfermedad estructural: la concentración del poder contractual en La Guajira. La falta de controles efectivos, la captura del aparato institucional por clanes políticos y la ausencia de transparencia han creado las condiciones perfectas para que las mismas empresas se turnen los contratos, sin importar sus antecedentes.
El hecho de que la empresa que supervisó el suministro de carrotanques que nunca funcionaron, ahora esté en la línea para quedarse con el contrato del transporte escolar, ilustra el nivel de impunidad y cinismo que impera. Mientras tanto, miles de niños siguen sin clases, y la educación pública en zonas rurales permanece secuestrada por los mismos actores de siempre.
Si Relaturg vuelve a quedarse con el contrato, el mensaje es claro: en La Guajira no hay castigo por fallar, solo recompensas para los amigos del poder. Y la pregunta que queda es: ¿quién supervisará al supervisor? ¿Y hasta cuándo se permitirá que empresas como Relaturg manejen a su antojo los recursos públicos que deberían garantizar derechos fundamentales?
Y.A.
