Falta de terna, errores administrativos y violación de la ley de cuotas de género comprometen la legitimidad del proceso que podría ser anulado. Analistas advierten posibles maniobras para favorecer al actual contralor.
Santa Marta atraviesa una tormenta institucional de alto calibre. El proceso de elección del Contralor Distrital, lejos de ser un acto transparente y apegado a la legalidad, ha escalado a una crisis de legitimidad que no solo deslegitima a los actores institucionales involucrados, sino que abre la puerta a una eventual nulidad del acto administrativo.
Todo comenzó con la convocatoria abierta por el Concejo Distrital de Santa Marta mediante la Resolución No. 037 del 27 de junio de 2025, con el fin de escoger al nuevo contralor para el período 2022–2025. La ley exige que la elección se haga entre los tres candidatos con mayores puntajes en la convocatoria, es decir, una terna. Sin embargo, el Concejo apenas seleccionó a dos aspirantes, incumpliendo el Acto Legislativo 4 de 2019 y la Ley 1904 de 2018, que son claros al respecto.
La situación se torna aún más escandalosa cuando se examina el contenido de las resoluciones. Uno de los seleccionados, identificado como el actual personero de Ciénaga, fue inscrito inicialmente con el número de cédula de una mujer también postulada. Un error tan básico como grotesco. A posteriori, se emitió una nueva resolución corrigiendo el número, reconociendo que el aspirante era el personero, quien —para mayor controversia— también figura como candidato a la dirección del ICBF. El otro candidato seleccionado también es hombre, lo que viola la ley de cuotas de género, que exige que al menos una mujer integre la terna.
Es decir, no hay terna, no hay equidad de género, y hay errores administrativos flagrantes. ¿Accidentes? Los analistas no lo creen así. “Todo parece orquestado para favorecer al actual contralor o asegurar la nulidad del proceso. Es tan burdo que más que errores, parecen maniobras deliberadas”, aseguró un abogado especializado en derecho administrativo que pidió anonimato por temor a represalias.
Las alarmas también se encienden desde la jurisprudencia. El Consejo de Estado ha sido enfático en que la nulidad de un acto de elección tiene efectos ex tunc, es decir, se entiende que el acto nunca existió jurídicamente. Eso significa que los candidatos podrían postularse de nuevo, pero el proceso debe reconfigurarse desde el inicio, cumpliendo los principios de transparencia, equidad de género, publicidad y objetividad.
¿Dónde está el Concejo Distrital en medio de esta tormenta? Silencio total. A la fecha, no ha habido pronunciamiento oficial, mientras los plazos avanzan y la ciudadanía exige respuestas. En redes sociales y espacios ciudadanos, el clamor es claro: «No más componendas. No más dedazos. Queremos transparencia en la vigilancia de los recursos públicos.»
De fondo, hay una preocupación mayor: la figura del Contralor Distrital no es una más. Es el funcionario encargado de ejercer el control fiscal del distrito, es decir, el guardián de los dineros públicos. Si su elección está manchada por irregularidades, ¿qué se puede esperar de su gestión?
A esto se suman antecedentes jurídicos claros: según el Concepto 070521 de 2023 del Departamento Administrativo de la Función Pública, en caso de declaratoria de nulidad debe hacerse una nueva elección con una terna legítima. Asimismo, se deben respetar las inhabilidades e incompatibilidades contempladas en el artículo 272 de la Constitución y en el artículo 126, reformados por el Acto Legislativo 02 de 2015.
Concepto_070521_de_2023_Departamento_Administrativo_de_la_Función_Pública_compressed by LIBERTAD DIARIO
En Santa Marta, el reloj corre y el proceso sigue en curso, pese a que sus fundamentos están agrietados. Si se elige un contralor bajo estas condiciones, no solo se podría anular su nombramiento, sino que se estaría comprometiendo la estabilidad institucional del Distrito. Lo más sensato sería suspender el proceso y abrir una nueva convocatoria conforme a la ley. Pero eso implicaría asumir responsabilidades, algo que hasta ahora nadie parece dispuesto a hacer.
Mientras tanto, la ciudadanía mira con desconfianza. No solo se trata de un procedimiento legal fallido. Es la evidencia de una política local que sigue privilegiando intereses particulares por encima del bien común, de una administración que juega con las reglas del Estado de Derecho como si fueran un obstáculo y no una garantía.
¿Se repetirá el proceso? Todo indica que sí, si el mínimo respeto por la legalidad aún conserva alguna vigencia en la administración samaria. Pero más allá de una nueva elección, lo que Santa Marta necesita con urgencia es una depuración profunda de sus prácticas políticas y administrativas. Porque de continuar así, no será solo el cargo del contralor lo que quede en entredicho: será la legitimidad de toda una institucionalidad que ya huele a descomposición.
Y.A.
