El uso de recursos del Estado vuelve a estar en el centro del debate. Esta vez, el foco está sobre Juliana Guerrero, actual coordinadora de gabinete del Ministerio del Interior, quien habría utilizado un avión de la Policía Nacional para realizar un viaje personal con su hermana a la ciudad de Valledupar, el pasado 19 de junio.
Aunque desde el Gobierno aseguran que se trató de un desplazamiento con fines institucionales, la Procuraduría General de la Nación ya abrió una investigación para esclarecer si Guerrero hizo uso indebido de bienes públicos para un viaje con carácter familiar, sin justificación oficial suficiente.
¿Paseo o misión oficial?
La controversia se encendió tras una denuncia que fue conocida y reportada por Noticias Uno, medio que reveló que Guerrero habría viajado a Valledupar en un avión oficial de la Policía, acompañada por su hermana. El vuelo habría salido de Bogotá y regresado al día siguiente. La denuncia también plantea que el desplazamiento no estuvo relacionado con actividades oficiales y que incluso otros acompañantes habrían abordado la aeronave en un contexto informal.
El caso se suma a otros recientes episodios que han generado molestia ciudadana, como el uso de un helicóptero oficial por parte de la vicepresidenta Francia Márquez para desplazamientos personales, lo que reaviva la discusión sobre el uso de recursos del Estado por parte de altos funcionarios.
Las versiones encontradas
Consultada por los medios, Juliana Guerrero no negó haber hecho el viaje. Confirmó las fechas señaladas en la denuncia, pero afirmó que el desplazamiento se debió a una “situación de fuerza mayor”, sin dar mayores detalles sobre la urgencia o naturaleza del viaje.
Sin embargo, el Ministerio del Interior, en un comunicado posterior, ofreció una justificación diferente: aseguró que la presencia de la funcionaria en Valledupar respondió a actividades enmarcadas dentro de la estrategia de “paz total” y a “labores propias de la cartera en territorio”.
La contradicción entre ambas versiones —una apelando a lo personal, la otra a lo institucional— es uno de los puntos clave que analizará la Procuraduría, así como la falta de documentación oficial que soporte la naturaleza laboral del viaje, según reportan medios de investigación.
En el radar de los entes de control
Además de la Procuraduría, la Fiscalía General de la Nación también habría recibido una denuncia formal por presunto peculado por uso indebido, lo que podría abrir un frente judicial adicional para Guerrero si se comprueba que no existía una razón pública justificada para el desplazamiento.
Por ahora, la funcionaria continúa en su cargo mientras avanzan las pesquisas. No se han tomado decisiones administrativas al respecto.
Una sombra sobre el discurso de la “austeridad”
Este tipo de casos resultan especialmente sensibles para un Gobierno que ha hecho de la lucha contra el despilfarro y el uso indebido del Estado una de sus banderas discursivas. La gestión de recursos públicos y el ejemplo ético de los funcionarios ha sido reiteradamente exigido por el presidente Gustavo Petro en sus intervenciones, incluso con fuertes críticas a su propio gabinete.
Sin embargo, episodios como este —y otros similares protagonizados por altos cargos— ponen a prueba la coherencia interna del discurso oficial.
Ahora, queda en manos de los entes de control determinar si Juliana Guerrero incurrió en una falta administrativa o penal. Por lo pronto, la polémica se suma a una larga lista de controversias que siguen desgastando la imagen de varios sectores del Gobierno en su recta final.
