Una fuerte controversia sacude al país tras conocerse que el presidente Gustavo Petro autorizó personalmente el traslado de nueve reconocidos cabecillas de bandas criminales para participar en un evento público realizado en Medellín el pasado 21 de junio.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó que la orden fue emitida desde la Presidencia de la República, bajo el argumento de que los reclusos actuarían como “voceros de estructuras armadas organizadas del crimen de alto impacto”, en el marco de la política de “paz total” promovida por el Gobierno.
El acto, llevado a cabo en la plazoleta La Alpujarra, fue convocado por el propio mandatario con el objetivo de presentar avances en procesos de diálogo y desmovilización. Sin embargo, la presencia de los líderes criminales —algunos incluso en primera fila y tomando la palabra desde la tarima— desató críticas por parte de amplios sectores políticos, ciudadanos y defensores de víctimas.
Cabecillas trasladados desde prisión
Entre los criminales trasladados desde la cárcel de alta y media seguridad La Paz, en Itagüí, figuran nombres ampliamente conocidos por su historial delictivo. Entre ellos:
Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom, cabecilla de la Oficina de Envigado
José Leonardo Muñoz, alias Douglas
Walter Alonso Román, alias El Tigre
Jesús Vallejo Alarcón, entre otros.
Muchos de ellos tienen condenas vigentes por delitos como narcotráfico, homicidio, secuestro y extorsión.
Según el Inpec, el traslado fue autorizado a través de dos resoluciones oficiales firmadas por la Presidencia: la 5208 del 19 de junio y la 5304 del 20 de junio de 2025. Estas permitieron el traslado temporal de los privados de libertad para su participación en el evento.
Reacciones divididas y cuestionamientos al Ejecutivo
La decisión ha provocado reacciones mixtas. Mientras algunos sectores del Gobierno argumentan que la participación de estos actores es necesaria para avanzar en la desactivación del conflicto urbano, críticos señalan que su presencia en eventos públicos representa una ofensa a las víctimas y una señal de impunidad.
“¿Quién responde ante las víctimas por permitir que criminales condenados hablen desde una tarima pública como si fueran figuras políticas?”, cuestionó un congresista de la oposición.
Por su parte, desde el Ministerio de Defensa se aclaró que no se conocía con antelación la lista de quienes estarían presentes en el evento, lo que ha generado también interrogantes sobre los protocolos de seguridad.
La polémica continúa creciendo mientras se reaviva el debate nacional sobre los límites de la negociación con estructuras criminales y los métodos utilizados para lograr la paz.
