Una tormenta política y jurídica sacude al Concejo Distrital de Santa Marta tras las denuncias por múltiples irregularidades en el proceso de elección del nuevo Contralor Distrital para el periodo 2022-2025. La convocatoria, realizada a través de la Resolución No. 037 del 27 de junio de 2025, ha sido blanco de críticas por no cumplir con requisitos legales esenciales, lo que podría derivar en la nulidad del proceso.
El escándalo comenzó cuando se evidenció que, de los seis aspirantes inscritos, el Concejo solo eligió a dos candidatos para conformar la terna, incumpliendo lo estipulado en la Ley 1904 de 2018 y el Acto Legislativo 04 de 2019. Ambas normas exigen que el proceso se lleve a cabo con tres aspirantes que obtengan los mayores puntajes, respetando además principios como transparencia, publicidad, meritocracia y equidad de género.
El panorama se agravó cuando uno de los seleccionados fue identificado con un número de cédula erróneo, el cual pertenecía a una mujer que también participaba en el proceso. Este error administrativo obligó a expedir una nueva resolución para corregir el dato y confirmar que el postulado era, en efecto, el actual personero del municipio de Ciénaga, quien además estaría aspirando simultáneamente a la dirección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
El otro seleccionado fue también un hombre, lo que dejó a la terna sin representación femenina, violando la ley de cuotas que exige la inclusión de al menos una mujer en este tipo de procesos. Este incumplimiento ha generado serias dudas sobre la legalidad de la elección.
Expertos en derecho administrativo y líderes de opinión han advertido que la omisión de estos requisitos podría no ser accidental. «Hay elementos suficientes para considerar que esto fue planeado. Un proceso tan mal estructurado podría estar diseñado para ser declarado nulo o para mantener en el cargo al contralor actual», expresó un abogado consultado, quien prefirió no revelar su identidad.
De confirmarse las irregularidades, el proceso podría ser impugnado ante la jurisdicción contenciosa administrativa. El Consejo de Estado ha sido claro en afirmar que cuando se declara la nulidad de un acto de elección, este se entiende como inexistente desde su origen, lo que obligaría a iniciar una nueva convocatoria con todas las garantías legales.
Hasta ahora, el Concejo Distrital no ha emitido un pronunciamiento oficial frente a las denuncias. Mientras tanto, la ciudadanía exige transparencia y respeto a la normativa, recordando que el Contralor Distrital es una figura clave para vigilar el uso adecuado de los recursos públicos.
El desarrollo de esta polémica sigue en curso y se espera que en los próximos días se tomen decisiones que definan el rumbo del proceso o den paso a acciones judiciales que busquen esclarecer las presuntas irregularidades.
