Una alianza de veinte fiscales estatales interpuso una demanda contra la administración del presidente Donald Trump por la suspensión del programa Construcción de Infraestructura y Comunidades Resilientes (BRIC), gestionado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). Este programa, que durante casi tres décadas ha entregado fondos millonarios a los estados para fortalecer la preparación y mitigación ante desastres naturales, fue cancelado sin autorización del Congreso.
Los estados afectados acudieron a un tribunal federal en Massachusetts para exigir que se restablezca el programa, argumentando que su eliminación ha tenido graves consecuencias, como la postergación o cancelación de cientos de proyectos vitales para la seguridad y el bienestar de las comunidades.
Según la demanda, esta decisión viola la Constitución al ignorar la aprobación bipartidista del Congreso, que mantenía vigente el financiamiento desde la administración del expresidente Bill Clinton. Los fiscales advierten que la falta de recursos compromete la capacidad de respuesta ante emergencias, poniendo en riesgo a miles de personas.
La disputa legal pone en el centro del debate la importancia de mantener políticas públicas enfocadas en la prevención y resiliencia frente a fenómenos naturales, especialmente en un contexto donde los desastres climáticos son cada vez más frecuentes e intensos.
Las autoridades federales aún no se han pronunciado oficialmente sobre la demanda, mientras que los estados continúan presionando para que se garantice la continuidad de los recursos para proteger a sus comunidades.
