El abogado Miguel Ángel Pérez, representante del conjunto residencial donde vive el alcalde Carlos Pinedo Cuello, rechaza las acusaciones del concejal sobre robo de servicios públicos y advierte demanda por injuria.
Una nueva controversia política sacude a Santa Marta luego de que el concejal Miguel “El Mono” Martínez fuera denunciado públicamente por realizar acusaciones que fueron calificadas de falsas por la administración del conjunto residencial Montecarlo, ubicado en el sector de El Rodadero, donde reside el alcalde Carlos Pinedo Cuello.
El abogado Miguel Ángel Pérez, administrador legal del condominio, manifestó que en una sesión del Concejo Distrital, el pasado 10 de julio, Martínez afirmó que en el conjunto se robaban la luz, el agua y que se estaba construyendo un alcantarillado de forma fraudulenta. Frente a estas declaraciones, el jurista dijo:
“Son totalmente falsas las afirmaciones del concejal Miguel Martínez. Montecarlo cuenta con sus permisos urbanísticos y cumple con todos los requisitos legales. No hay ningún robo de energía ni de agua”, afirmó en entrevista con un medio local.
Pérez aclaró que el conjunto paga su servicio de energía a nombre de la doctora Claudia Patricia Acelas Ballestero, propietaria del inmueble, y que incluso la empresa Air-e ha prestado servicio técnico recientemente, lo cual comprueba que los pagos están al día. Asimismo, negó que haya existido alguna denuncia formal por parte de la empresa de energía.
El abogado subrayó que Montecarlo es un proyecto inmobiliario legalmente constituido desde hace más de 60 años, y heredado por la doctora Patricia Acelas, viuda de Carlos Dávila Barreneche. Aseguró que las acusaciones del concejal son parte de un intento de “distorsionar la realidad con fines políticos y mediáticos”.
“Reitero que el señor Miguel Martínez debe retractarse públicamente de estas afirmaciones falsas. De lo contrario, iniciaré acciones legales por injuria y calumnia, ya que se está afectando el buen nombre del condominio y un proyecto que genera progreso para Santa Marta”, advirtió Pérez.
Este nuevo episodio se suma a las tensiones políticas entre el Concejo y la Administración Distrital, mientras crece la exigencia de pruebas y responsabilidad en las declaraciones públicas de los funcionarios.
Y.A.
