Por: Alejandro Blanco Zúñiga
Frente a lo dicho por el gobernador, vale la pena hacer tres consideraciones:
Primero, la voluntad de diálogo por parte de los cabecillas de estructuras criminales solo tendrá sentido si se traduce de inmediato en hechos verificables. Esto significa cesar de manera clara con las extorsiones, los homicidios y demás violencias que han marcado a Barranquilla y su área metropolitana. La ciudadanía necesita pruebas reales de que hay un compromiso con la paz, no promesas vacías ni maniobras para ganar tiempo o legitimidad.
Segundo, el proceso debe ser cuidadoso para no legitimar a quienes han construido poder desde el miedo y desde el delito. No se puede tratar como interlocutores políticos a quienes han sostenido economías criminales durante años, sin exigirles justicia, verdad y compromisos firmes con la reparación a las víctimas. Aquí no se trata solo de reducir la violencia, sino de evitar que el crimen organizado se disfrace de actor político legítimo sin haber rendido cuentas y que luego terminen fortaleciendo las estructuras criminales.
Tercero, diálogo debe incluir la mayor cantidad de actores sociales posible,, esta coyuntura puede abrir la puerta para repensar la justicia urbana en Barranquilla. Más allá de la respuesta policial, hace falta una estrategia que combine sanción penal efectiva con programas reales de reintegración, atención psicosocial y oportunidades para jóvenes en riesgo. La violencia criminal no se rompe solo con capturas, sino también con inversiones sostenidas en los barrios que han sido históricamente olvidados.
