El decreto 0799 del 9 de julio de 2025, que permite que tutelas contra el presidente Petro sean revisadas por jueces de circuito, genera controversia en la rama judicial y el Ministerio Público.
Una fuerte controversia jurídica y política desató el decreto 0799 del 9 de julio de 2025, expedido por el Ministerio de Justicia, mediante el cual se le retira al Consejo de Estado la competencia exclusiva para conocer en primera instancia las tutelas contra el presidente Gustavo Petro. La nueva disposición permite que dichas acciones sean ahora conocidas por jueces del circuito, lo cual ha generado reacciones encontradas en diversos sectores.
El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, fue uno de los primeros en pronunciarse sobre el polémico decreto.
“Es un arreglo polémico desde luego que no estamos acostumbrados a ello, pero creo que tiene derecho a plantear la discusión y que el Consejo lo resuelva”, expresó Eljach, dejando abierta la puerta para que el Consejo de Estado determine la legalidad del acto.
El jefe del Ministerio Público también defendió la capacidad e integridad de la alta corte para continuar ejerciendo su rol en el control de este tipo de acciones.
“De la idoneidad del Consejo de Estado nadie puede dudar, de su integridad, de su dedicación a la aplicación de las normas jurídicas con apego a todos nuestros principios”, afirmó.
Por su parte, el presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez, rechazó la expedición del decreto al considerar que no se surtieron los procedimientos legales correspondientes. Citó el artículo 113 de la Ley 1437 de 2011, que obliga al Ejecutivo a consultar previamente a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado ante cualquier disposición que afecte su organización o funcionamiento.
“En este momento eso no ha acontecido y por eso lo que nos genera a nosotros es desazón un decreto de este orden emitido por el presidente de la república”, manifestó Álvarez en una entrevista radial.
El decreto 0799, aunque ya está en vigor, enfrenta un inminente proceso de revisión por parte del mismo Consejo de Estado, que deberá determinar si fue expedido con base en los principios constitucionales y legales que rigen la organización de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Este nuevo capítulo abre una discusión de fondo sobre la separación de poderes y los mecanismos de control al ejercicio presidencial, en un país donde la judicialización de las decisiones políticas es cada vez más frecuente.
Y.A.
