Directivos denuncian presiones para firmar un acuerdo de confidencialidad que les impide acceder a la información del contrato con Portugal. El proceso, marcado por irregularidades, vuelve a encender las alarmas sobre la transparencia institucional.
Una nueva capa de secretismo amenaza con cubrir el ya controvertido proceso de contratación para la expedición de los pasaportes en Colombia. Esta vez, no se trata solo de la falta de claridad técnica o de la disputa con la multinacional Thomas Greg & Sons, cuyo contrato finaliza el próximo 1° de septiembre. Lo que hoy causa alarma en la Imprenta Nacional es la presión ejercida desde su gerencia para imponer un acuerdo de confidencialidad a los miembros de su junta directiva, impidiéndoles conocer y debatir a fondo el alcance del nuevo convenio con el Gobierno de Portugal.
El escándalo, revelado por un reconocido medio de comunicación nacional, muestra un patrón de maniobras que se han vuelto recurrentes en el entorno del presidente Gustavo Petro: ocultar bajo la alfombra lo que debería ser de dominio público. Tras la renuncia de la excanciller Laura Sarabia, la exposición mediática del jefe de despacho Alfredo Saade, y la revelación de múltiples irregularidades al interior de la Imprenta Nacional, el nuevo intento por sellar con candado la información relevante es percibido por muchos como un paso más hacia la opacidad institucional.
El documento, titulado ‘Acuerdo de confidencialidad para miembro de la junta directiva de la Imprenta Nacional de Colombia, proyecto impresión en seguridad – pasaportes’, impone cláusulas que rayan en lo autoritario. Establece, por ejemplo, que los directivos podrán ser sometidos a auditorías espontáneas de sus medios electrónicos, que deberán pedir permiso a la gerencia para hablar sobre los temas tratados en junta, y que, en caso de violar el acuerdo, tendrán 24 horas para confesarse ante la gerente general. Todo, sin explicar claramente las sanciones, pero dejando claro que estas serán discrecionales.
“Nos quieren poner una mordaza, prohibiéndonos incluso denunciar irregularidades si no es con el permiso de la gerente”, señalaron algunos directivos que se negaron a firmar. La junta, que debía reunirse este lunes, fue aplazada por la negativa de varios miembros a someterse al documento, pese a que desde la secretaría técnica —no desde la presidencia de la junta, como exige el reglamento— se convocó el encuentro con la condición previa de firmar el acuerdo.
El viceministro del Interior, Jaime Berdugo, quien debía convocar la reunión en su calidad de presidente del órgano colegiado, negó haberlo hecho. Afirmó que, por instrucciones del ministro Armando Benedetti, el responsable de los temas de la Imprenta sería Alfredo Saade. Este último, sin embargo, no respondió a los cuestionamientos de la prensa.
Lo que se está configurando es un caso preocupante de censura institucional disfrazada de control interno. Mientras se fragua un acuerdo internacional que cambiará el destino de un documento esencial para millones de colombianos, los responsables de garantizar su correcta ejecución se ven atados por cláusulas de silencio perpetuo.
El proceso de los pasaportes, lejos de avanzar hacia la modernización o la eficiencia, parece hundirse cada vez más en un lodazal de arbitrariedades, improvisaciones y falta de transparencia. El país necesita respuestas claras, no nuevos pactos de silencio.
Y.A.
