La Unión de IPS advierte que el nuevo anticipo del impuesto de renta impuesto por el Gobierno podría provocar cierres masivos de servicios de salud en todo el país ante la falta de recursos para operar.
Una nueva alerta se enciende en el ya debilitado sistema de salud colombiano. Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) aseguran estar al borde del colapso financiero debido al nuevo decreto expedido por el Gobierno Nacional, que establece un incremento en el anticipo del impuesto de renta. Así lo denunció Jorge Toro, director de la Unión de IPS (Unips), en una entrevista radial.
Toro, quien representa a más de 530 IPS afiliadas, fue enfático: “Estamos fregados. Tenemos que decidir si usamos los pocos recursos que tenemos para pagarle a la DIAN o para seguir operando.”
Desde la publicación del borrador del decreto, el sector salud había advertido sobre sus posibles repercusiones. Pero, con la oficialización de la norma, la situación se ha vuelto insostenible. Según Toro, “no solo nos obligan a pagar por adelantado, sino que nos incrementaron en 2.4% la tarifa. Es decir, millones de pesos que debemos desembolsar de inmediato cuando ni siquiera tenemos caja para operar.”
Un llamado ignorado
La Unión de IPS ha dirigido múltiples comunicaciones al presidente de la República, al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud, solicitando una modificación del decreto. Aunque asesores de ambas carteras se comprometieron a revisar la norma durante una audiencia en la Comisión Séptima del Senado, el 9 de julio llegó sin cambios, y las IPS debieron empezar a declarar y pagar.
“Nos dijeron que un decreto se modifica con otro decreto, y que lo harían. Pero llegó el 9 de julio y ya estamos declarando y pagando, sin ningún ajuste a la medida,” recalcó Toro. Ahora, las únicas alternativas que quedan para muchas IPS son pedir sobregiros bancarios o aplazar pagos operativos vitales, afectando directamente la prestación del servicio.
Un sector en deuda
El panorama es aún más crítico si se considera que, según la Contraloría General de la República, las IPS acumulan una deuda superior a los 33 billones de pesos, en su mayoría por cuentas impagas del Estado. Esta deuda, arrastrada desde hace años, ha dejado a muchas instituciones operando solo con los giros corrientes.
“La deuda antigua no se nos paga. No tenemos cómo garantizar el funcionamiento básico de las instituciones,” alertó Toro.
Servicios cerrados y zonas en riesgo
La consecuencia más grave ya está ocurriendo: el cierre de servicios fundamentales. Toro denunció que ya se han cerrado servicios de urgencias en instituciones grandes de Bogotá, Medellín y Ayunas, y que hay más cierres inminentes en Caldas y Valle. “Esto significa cerrar la puerta de entrada al sistema de salud,” explicó.
La amenaza no es aislada. Las regiones más vulnerables, donde una sola IPS representa la única opción de atención, están en mayor riesgo. El país podría enfrentar una crisis sanitaria generalizada si no se ajusta el decreto.
Y.A.
