Más de $147.000 millones habrían sido usados en logística y organización de eventos mientras cientos de indígenas embera esperan recursos para retornar a sus territorios.
Una nueva polémica sacude a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, tras la denuncia pública del concejal de Bogotá Daniel Briceño, quien reveló que la entidad habría gastado $147.708 millones en logística, producción de eventos y contratación de operadores en tan solo dos años.
La cifra, revelada por el cabildante en sus redes sociales, equivale a un gasto diario aproximado de $202 millones, recursos que, según Briceño, podrían haberse destinado a atender necesidades humanitarias urgentes, como el retorno de la comunidad indígena embera asentada en Bogotá. “Tienen el descaro de decir que no tienen plata para pagar el retorno de las comunidades Embera”, escribió el funcionario.
Según el documento compartido por Briceño, al menos cuatro contratos firmados en 2024 y 2025 contemplan la prestación de servicios logísticos y de suministro de productos alimenticios y no alimenticios, que deben cubrir desde zonas urbanas hasta veredas y territorios étnicos afectados por el conflicto armado. Las empresas contratistas mencionadas son Servicios Postales Nacionales S.A., Adescubrir Travel / Adventure SAS y Pubblica S.A.S.
El concejal denunció que estos recursos se han destinado en gran parte a lo que considera actos de “politiquería encubierta”, lo que contrasta con la limitada respuesta estatal frente a las condiciones de vulnerabilidad de los embera en la capital.
No obstante, la Unidad para las Víctimas se pronunció el pasado 8 de julio, informando que ha venido liderando mesas de trabajo con voceros indígenas en Bogotá, incluyendo representantes de UPI La Rioja, UPI La Florida y del Parque Nacional, con el fin de coordinar el retorno voluntario y seguro de estas comunidades.
“Un total de 794 personas manifestaron su deseo de regresar al municipio de Bagadó (Chocó) y 398 a Pueblo Rico (Risaralda)”, indicó la entidad, que también afirmó haber garantizado durante su permanencia alimentación, transferencias monetarias y alojamiento temporal para los indígenas.
Por su parte, la directora general encargada, Gloria Cuartas Montoya, hizo un llamado a la Alcaldía de Bogotá para una articulación efectiva: “No es una situación simplista. Se trata de un proceso estructural de retorno, reubicación e integración local”.
El secretario de Gobierno del Distrito, Gustavo Quintero, respondió asegurando que la Alcaldía tiene los recursos y equipos listos, pero que depende de la Unidad de Víctimas para definir la ruta conjunta que haga posible el retorno de las familias que viven en condiciones precarias en la ciudad.
Este cruce de responsabilidades pone sobre la mesa el debate sobre la priorización del gasto público y la eficacia del Estado en su tarea de reparar a las víctimas del conflicto armado, más allá de la burocracia y los eventos simbólicos.
Y.A.
