La Procuraduría General de la Nación declaró improcedente la recusación que, según algunos sectores, debía resolverse antes de que el Consejo Superior de la Universidad del Atlántico aprobara la modificación del estatuto general de la institución.
La decisión del Ministerio Público despeja el camino jurídico que había sido cuestionado por opositores a la reforma, y que había generado polémica en el entorno académico de la universidad.
La reforma, contenida en el Acuerdo Superior que modifica el parágrafo del artículo 29 del estatuto del 2021, habilita la reelección consecutiva del rector por un segundo período, ya sea inmediato o posterior, por un término de cuatro años.
Con la recusación ya resuelta, el Consejo Superior de la Universidad mantiene en firme su decisión, que representa un cambio clave en la gobernabilidad del alma máter.
