Francisco Rodríguez y Claudia Jiménez, fichas clave del Pacto Histórico, son señalados por presunta corrupción en contrato de más de $2.600 millones destinado a alimentar a niños vulnerables.
Una ola de indignación ha sacudido al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en el departamento de Córdoba, tras revelarse un presunto entramado de corrupción que compromete a Claudia Jiménez, actual precandidata a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico, y a Francisco Rodríguez, planificador logístico del contrato.
El contrato cuestionado, identificado como 23002482025 – ICBF Suministro de Alimentos, supera los 2.600 millones de pesos y fue adjudicado a la Confederación Baluarte Campesino de Colombia. Sin embargo, de acuerdo con denuncias presentadas ante la Contraloría, Fiscalía y Procuraduría, la asamblea que designó a Rodríguez y Jiménez no cumplió con los requisitos legales, viciando el proceso desde su origen.
Pero la denuncia va más allá de los aspectos administrativos. El contrato requería una bodega de acopio en Cereté para garantizar la conservación adecuada de alimentos perecederos destinados a comunidades vulnerables de Planeta Rica, San Pelayo y Cereté. No obstante, lo que se encontró fue alarmante: los alimentos eran almacenados en la vivienda personal de Francisco Rodríguez, en condiciones sanitarias deplorables —frutas y verduras sobre el piso, sin refrigeración, deterioradas— listas para ser distribuidas a niños en situación de riesgo.
Asimismo, el contrato estipulaba que el 30 % de los insumos debía comprarse a campesinos de la región, pero en la práctica los productos fueron adquiridos a negocios externos como Autoservicios La Granjita (Buenavista) y Bioservicios Empresariales (Montería). Sobre esta última empresa, los denunciantes aseguran que sería operada por la propia Claudia Jiménez, lo que configuraría un conflicto de interés directo.
Todo indicaría que este esquema tendría un doble propósito: amarrar contratos millonarios y financiar la campaña política de Jiménez, quien ya se mueve como aspirante a una curul en el Congreso, recorriendo los municipios bajo el respaldo de asociaciones afiliadas a la Federación Baluarte.
El caso ha generado repudio en la opinión pública y se espera una pronta respuesta de los organismos de control. Mientras tanto, la pregunta clave sigue sin respuesta: ¿cuántos niños se están alimentando con corrupción?
Y.A.
