Una investigación crítica revela cómo la familia Bechara utilizó la Universidad del Sinú como fachada para saquear recursos públicos, consolidar poder político y tejer alianzas con parapolítica, mientras el Estado permanece en silencio.
En Colombia hay historias que, por grotescas y persistentes, exigen contarse una y otra vez. La de la familia Bechara, en el departamento de Córdoba, es una de esas. Fundadores y dueños de la Universidad del Sinú, este clan libanés ha transformado la educación superior en una maquinaria perfecta para el lavado de dinero, el clientelismo, el tráfico de influencias y la captura institucional.
El patriarca, Elías Bechara, inició su proyecto educativo en los años 60, en tiempos donde la violencia y el abandono estatal en Córdoba abrían paso al control territorial de paramilitares, narcotraficantes y finqueros desplazadores. Con los años, la universidad pasó a ser dominada por sus hijas Mara Graciela, Ilse Moraima y María Fátima, todas vinculadas a múltiples escándalos de corrupción, apropiación de regalías, parapolítica y hasta homicidio.
Las cifras hablan por sí solas: más de $9.500 millones en contratos ejecutados de forma parcial pero cobrados en su totalidad; vínculos con el exgobernador Alejandro Lyons, hoy condenado por el Cartel de la Toga; alianzas con don Berna y los Besaile; nombramientos amañados; y hasta la participación en el nombramiento de funcionarios como Jairo Zapa, asesinado en circunstancias que comprometen al mismo círculo corrupto.
Córdoba: tierra fértil para las mafias políticas
Lo de Córdoba no es azaroso. Desde su creación como departamento, ha sido marginado por las élites tradicionales y colonizado por mafias regionales que vieron en la débil institucionalidad una oportunidad de oro. Aquí no se trató simplemente de robar; se trató de construir un sistema donde todo —educación, política, justicia— se moviera al ritmo de los clanes familiares.
El clan Bechara es solo una de las fichas del engranaje. Están también los Besaile, los ‘Ñoños’ Elías, los Lyons, los Pretelt, los Tarquino… todos conectados por un mismo hilo conductor: el saqueo impune del erario público.
Y mientras tanto, el Estado bien, gracias. Ninguna respuesta efectiva de la Fiscalía, ningún castigo ejemplar, ningún desmonte institucional del sistema. ¿O será que prescriben los delitos selectivamente?
Saray y Erasmo: la nueva generación del saqueo
Hoy, la maquinaria sigue viva. Erasmo Zuleta Bechara, hijo de Mara Graciela, es el actual gobernador de Córdoba. Su prima, Saray Robayo Bechara, es representante a la Cámara y protagonista de la reciente y vergonzosa fiesta de $700 millones en la Feria Ganadera de Montería, organizada por su pareja, el condenado Emilio Tapias. Ambos, en una grotesca entrevista con la pseudoperiodista Eva Rey, contaron detalles de su vida sexual mientras las arcas públicas continúan vaciándose.
El mensaje fue claro: “seguimos aquí, seguimos robando, y nadie nos detiene”.
¿Y ahora qué?
La historia de los Bechara no solo revela una corrupción rampante. Es el espejo de una Colombia donde los clanes familiares convirtieron al Estado en un cartel administrativo. Y aunque algunos medios callan y la justicia cojea, el poder ciudadano sigue siendo el último bastión.
¿Hasta cuándo Córdoba permitirá que su futuro educativo esté en manos de delincuentes de cuello blanco? ¿Hasta cuándo Colombia será testigo mudo de que las universidades privadas sean usadas como fachadas para enriquecer a las mismas familias de siempre?
Porque esta no es solo una historia local. Es una alerta nacional. La corrupción ya no se esconde en los rincones oscuros; desfila en las ferias, en los concursos, en las elecciones… y en las aulas.
Y.A.
