Acusado por la Corte Suprema y protegido por el sistema judicial, el actual congresista Jorge Cerchiaro representa el eterno retorno del clientelismo y la impunidad en una región marcada por el saqueo institucional.
¿Otra vez La Guajira? ¿Otro corrupto en el Congreso? Sí, y no por casualidad. Jorge Alberto Cerchiaro Figueroa, actual representante a la Cámara por el partido Colombia Renaciente, ha sido acusado por la Corte Suprema de Justicia por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Lo insólito no es que un político guajiro esté envuelto en escándalos de corrupción, sino que aún conserve su fuero y su curul.
Los hechos por los que se le señala ocurrieron durante su gestión como alcalde de Barrancas entre 2016 y 2019. Allí, adjudicó un contrato de reforestación en la ribera del río Ranchería que terminó siendo más una siembra de irregularidades que de árboles. Las investigaciones muestran que el proceso contractual fue una farsa burocrática, tan ineficiente como costoso para un municipio que necesita desarrollo real, no simulacros administrativos.
Pero Cerchiaro no se detiene. En marzo de 2024 comenzó otro juicio en su contra. Esta vez, por firmar un contrato de alumbrado público sin respaldo financiero alguno, comprometiendo fondos inexistentes y dejando al municipio endeudado por un servicio que nunca pudo sostenerse. La empresa Alumbrado Público de Barrancas S.A.S, beneficiaria del contrato, recibió el visto bueno con total conocimiento de que los recursos no daban para cubrir ni la factura de la primera bombilla.
¿Incapacidad? ¿Descuido? ¿O simplemente otra jugada premeditada para beneficiar a unos pocos a costa del erario? La respuesta se vuelve irrelevante cuando el resultado es el mismo: La Guajira saqueada, empobrecida y manipulada por clanes que usan la política como empresa privada.
Lo más escandaloso del caso no es la corrupción en sí —ya tan común que ni indigna como antes—, sino que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema decidió no imponerle medida de aseguramiento. Así, Cerchiaro sigue legislando, opinando, votando leyes, y decidiendo sobre el rumbo del país mientras enfrenta procesos penales graves.
Este nivel de tolerancia institucional es una forma sofisticada de complicidad. El aforamiento parlamentario, más que una garantía democrática, se ha convertido en un escudo de impunidad para políticos profesionales del desfalco. La historia se repite porque el sistema no castiga, premia. Porque la justicia en Colombia no es ciega: mira, evalúa, y muchas veces se hace la de la vista gorda.
Cerchiaro no es un caso aislado. Es parte de una estructura clientelista y mafiosa que controla La Guajira, donde los contratos públicos se usan como moneda política y la miseria como coartada para la rapiña. Barrancas es apenas uno de muchos municipios atrapados en una lógica perversa en la que la pobreza sirve como combustible del poder.
El país no necesita más denuncias. Necesita una ciudadanía que transforme su rabia en acción. Porque cada Jorge Cerchiaro que se perpetúa es el reflejo de una sociedad que ha dejado de exigir. La solución no está solo en la cárcel, sino en la cultura: educar para la ética, fiscalizar desde lo cotidiano, y no dejar que la indignación se disuelva en apatía.
Y.A.
