La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) impuso una sanción de tres días de arresto y una multa equivalente a diez salarios mínimos al teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, director de la Escuela de Logística del Ejército Nacional, por incumplir una medida cautelar vigente.
La medida había sido adoptada para proteger un predio militar en San Cristóbal, Bogotá, donde se presume la existencia de sitios de inhumación clandestina vinculados a casos de desaparición forzada. Pese a la orden judicial, el 3 de febrero de 2025, el equipo forense de la JEP detectó una excavación no autorizada dentro del área protegida, lo que activó un proceso por desacato.
La JEP concluyó que Melgarejo Escobar no implementó los controles necesarios para garantizar la preservación del terreno, lo que constituye una falta grave por negligencia, aunque sin dolo. El oficial, como responsable directo del cumplimiento de la medida, fue llamado a responder por su omisión.
Además, la JEP compulsó copias del caso a la Fiscalía y la Procuraduría para que investiguen si otros miembros del Ejército, entre ellos el coronel Juan Gabriel Toro, incurrieron en faltas durante actividades de arborización realizadas dentro del área restringida en octubre y noviembre de 2024.
La magistratura advirtió que la alteración del terreno podría ser irreversible, afectando los derechos de los familiares de víctimas de desaparición forzada, quienes llevan décadas en su búsqueda. La alteración también podría dificultar el uso de técnicas forenses para determinar si allí yacían restos humanos.
Por otro lado, la JEP desvinculó al exministro de Defensa Iván Velásquez Gómez y al coronel Johan Slead Gelvez Peña, al no encontrar pruebas de su implicación en los hechos.
La Jurisdicción reiteró que las medidas cautelares son esenciales para proteger los derechos de las víctimas, garantizar justicia y evitar la pérdida de evidencia clave en los casos de desaparición forzada.
