Por: JAIME VÉLEZ GUERRERO.
La controversia por la no renovación del contrato con Thomas Greg & Sons, empresa británica responsable de la emisión de pasaportes (Cancillería) y de la logística electoral (Registraduría) para 2025–2026, enfrenta al Ejecutivo de Gustavo Petro con sus opositores. Aunque la decisión última recae en el Gobierno nacional, resulta inaceptable que un único proveedor extranjero concentre información estratégica de identificación biométrica, pues ello vulnera la soberanía digital, debilita la integridad de la cadena de custodia y expone la infraestructura crítica a posibles operaciones de espionaje y ciberataques.
Asimismo, el acervo de datos protegidos por este contrato constituye un activo estratégico de seguridad estatal. Al concentrar huellas dactilares, escaneos faciales y metadatos de emisión en un único operador radicado en paraíso fiscal de Guernsey, se genera una vulnerabilidad explotable por servicios de inteligencia extranjeros, como el MI6. Estas agencias podrían extraer sistemáticamente información de identificación biológica, comprometiendo la integridad de la cadena de custodia y la autonomía tecnológica del país. Para neutralizar esta amenaza es vital, erigir barreras que impidan la circulación de documentación clasificada sin autorización y dotar a la Imprenta Nacional de medidas avanzadas de ciberseguridad, garantizando la defensa frente a riesgos asimétricos.
No debemos confiar ciegamente en la certificación ISO ni en las auditorías de ONAC de Thomas Greg & Sons. Esos sellos pueden servir de cortina de humo para obtener privilegios ante el Gobierno colombiano sin asegurar un resguardo efectivo de los registros de identificación ciudadana. Conviene abrir una investigación exhaustiva que determine si esta firma, tras su piel de oveja, alberga un sofisticado aparato de inteligencia que comprometa la independencia de nuestra información.
Se ha documentado que determinados proveedores de tecnología biométrica, mediante licitaciones públicas y control de cadena de custodia en sistemas de emisión de pasaportes y verificación de identidad, introducen deliberadamente vulnerabilidades en hardware y software. A través de cláusulas contractuales estratégicas y la inserción de agentes encubiertos en órganos de dirección, despliegan actualizaciones de firmware con mecanismos clandestinos de exfiltración de patrones de reconocimiento físico (huellas dactilares, rasgos faciales e iris), comprometiendo la privacidad ciudadana.
Por razones de seguridad, el Ejecutivo central debe declarar la resolución unilateral del contrato con Thomas Greg & Sons y asumir de forma inmediata la emisión de pasaportes. Esta función recaerá en la Imprenta Nacional, que será fortalecida institucional y tecnológicamente mediante la asignación presupuestal oportuna, la contratación de personal especializado y la modernización de su infraestructura y sistemas.
Resulta importante que una alta autoridad del Estado, en este caso, el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, se haya pronunciado en el sentido de que la adjudicación de contratos para funciones esenciales no puede conferirse a prestadores privados ni a entidades extranjeras. En consecuencia, la dirección política del país debe impulsar el fortalecimiento institucional, promover la tecnificación operativa y fomentar el perfeccionamiento del aparato estatal, con el fin de proteger los datos sensibles de los ciudadanos y evitar su extracción ilícita por terceros foráneos.
