Por Redacción Judicial
A través de una carta enviada al presidente Gustavo Petro y a la senadora Isabel Cristina Zuleta, el señalado cabecilla de la estructura criminal ‘Los Pepes’, Digno José Palomino Rodríguez, manifestó su intención de participar en las mesas urbanas de paz propuestas por el Gobierno Nacional.
La misiva, dada a conocer el pasado 7 de julio por su abogado, Cristian Morelli, plantea una ruta para facilitar el diálogo entre el Estado y las organizaciones armadas que operan en entornos urbanos.
En el documento, Palomino expresó su respaldo a la propuesta hecha por Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, líder de la banda Oficina La Inmaculada, y ofreció su disposición para convertirse en vocero e intermediario ante los jóvenes que integran estas estructuras en el Atlántico y otras regiones del país.
“El interés no es otro que servir como canal de comunicación y acción ante los jóvenes que nos escuchan, y ante las comunidades que nos vieron crecer”, señala la carta enviada por Palomino.
Solicitó Diego Morelli, abogado de Digno Palomino
“Gobierno Nacional y local no se deben cerrar a las opciones de diálogo”
Según el jurista, Diego Morelli, la solicitud no representa una aceptación de delitos ni el reconocimiento formal de una jefatura criminal, sino una muestra de voluntad para abrir espacios de interlocución en territorios urbanos marcados por la criminalidad y la ausencia del Estado.
Morelli precisó que esta iniciativa surge ante la necesidad de que el Gobierno Nacional abra una ruta de diálogo con actores urbanos, dado que la mayoría de los procesos de paz en Colombia han estado centrados históricamente en actores armados rurales.
“No se busca impunidad ni beneficios judiciales. Se trata de una propuesta de diálogo real, en la que figuras con ascendencia social como Digno Palomino puedan actuar como puentes entre el Estado y los jóvenes que aún hoy son reclutados por la criminalidad”, afirmó el abogado.
El defensor resaltó que la propuesta debe ir más allá del papel y que es momento de que el Ejecutivo avance hacia una fase concreta de diálogo urbano. En ese sentido, aseguró que autoridades locales como el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, han mostrado disposición para apoyar la creación de estas mesas.
Dentro de los posibles escenarios que plantea la propuesta, se encuentra la implementación de ceses al fuego temporales o indefinidos, la participación de acompañamiento jurídico e institucional, observadores internacionales y la intervención de la Iglesia como garante.
Además, el abogado advirtió que la estrategia basada únicamente en la justicia retributiva ha sido ineficaz, pues aunque se realizan capturas constantemente, las bandas criminales logran reponerse de manera inmediata con nuevos integrantes.
“Lo que se pretende con este llamado es lograr una reducción significativa de la violencia en las ciudades, desmontar estructuras con mecanismos legales y permitir que el Estado retome el control institucional de zonas altamente vulnerables”, subrayó Morelli.
Finalmente, hizo un llamado al Gobierno Nacional a no desechar esta iniciativa y a avanzar en la construcción de una política de paz urbana que articule justicia restaurativa, inversión social y oportunidades reales de reinserción para los jóvenes en riesgo, en lugar de perpetuar el ciclo de violencia, extorsión y homicidios que golpea actualmente a ciudades como Barranquilla.
