Funcionarios en provisionalidad denuncian violaciones al debido proceso, despidos arbitrarios y designaciones sin mérito, mientras crece el riesgo de un detrimento económico histórico para el Estado colombiano.
La Procuraduría General de la Nación, institución encargada de velar por los derechos fundamentales de los colombianos y el cumplimiento de la Constitución, se encuentra hoy en el centro de una grave controversia. Bajo la dirección del actual Procurador General, se estarían llevando a cabo despidos masivos de servidores públicos en condición de provisionalidad, no por necesidades del servicio o por provisión legal de cargos, sino con el aparente objetivo de cumplir compromisos políticos adquiridos durante su elección.
De acuerdo con denuncias de múltiples funcionarios, las desvinculaciones no obedecen a los procedimientos estipulados en la ley. En Colombia, un nombramiento en provisionalidad sólo puede finalizar legalmente bajo tres causales: la provisión definitiva del cargo mediante concurso de méritos, la supresión del cargo o el retiro justificado con respeto al debido proceso. Sin embargo, ninguna de estas condiciones se estaría cumpliendo actualmente.
En su lugar, la Procuraduría estaría emitiendo actos de prórroga que incluyen parágrafos que, con evidente dolo, advierten a los servidores que deberán retirarse en seis meses, sin que exista un acto administrativo formal de desvinculación. Esta práctica viola abiertamente el artículo 29 de la Constitución, que consagra el derecho al debido proceso.
Designaciones sin mérito ni perfil
Además de los despidos, se ha reportado la designación de nuevos funcionarios sin experiencia ni formación jurídica, lo que pone en entredicho la idoneidad de quienes están ocupando cargos técnicos. Entre los nuevos asesores se encuentran psicólogos, médicos, administradores de empresas e incluso compositores de música vallenata, en una entidad cuya labor constitucional exige un profundo conocimiento legal.
“¿Dónde queda la justicia de la Procuraduría General, siendo esta la principal garante de los derechos fundamentales?”, cuestionan los denunciantes. “Estas decisiones arbitrarias desahucian a cientos de trabajadores, dejando a sus familias en la incertidumbre y al Estado al borde de una avalancha de demandas”.
Reintegros por tutela y advertencias legales
Algunos funcionarios ya han sido reintegrados mediante acciones de tutela, lo cual demuestra que las decisiones tomadas por la administración actual carecen de sustento constitucional y legal. A pesar de ello, el Procurador continúa adelante con una política de desvinculación masiva que podría generar un impacto económico sin precedentes para el Estado.
El costo de las demandas, reintegros y reparaciones por parte de los servidores vulnerados sería pagado con recursos públicos, es decir, por los mismos ciudadanos que ahora ven cómo sus impuestos terminan cubriendo los errores administrativos de una entidad que debería estar protegiéndolos.
De acuerdo con el artículo 182 del Decreto Ley 262, los empleos en la Procuraduría son, por regla general, de carrera, salvo aquellos expresamente clasificados como de libre nombramiento y remoción. Cuando se presenta una vacancia definitiva de un cargo de carrera, el Procurador está facultado para nombrar en encargo a empleados de carrera o en provisionalidad a personas que cumplan los requisitos del cargo, mientras se surte el concurso.
No obstante, esta figura tiene un carácter excepcional y temporal, y su duración no puede extenderse de forma indefinida sin afectar el principio constitucional del mérito, piedra angular del acceso a la función pública.
El decreto resalta que el cambio permanente en las dinámicas del servicio, derivado de los objetivos misionales de la entidad, requiere una planta de personal flexible, capacitada y ajustada a las necesidades del momento. En este contexto, el no otorgamiento de la prórroga responde a criterios objetivos de gestión del talento humano y no implica desconocimiento de los derechos adquiridos, al tratarse de vinculaciones expresamente limitadas en el tiempo.
¿Hasta dónde puede llegar la ambición política?
La pregunta que muchos se hacen hoy es: ¿hasta dónde puede llegar la malicia y avaricia de un ser humano con tal de cumplir cuotas políticas? ¿Hasta cuándo los altos funcionarios del Estado seguirán sacrificando la legalidad y el bienestar del pueblo colombiano por intereses personales?
Desde distintos sectores ya se exige una intervención urgente, una auditoría interna rigurosa y un llamado a respetar el principio de mérito, el debido proceso y el derecho al trabajo digno. La ley está para respetarla. Y si quienes deben hacerla cumplir son los primeros en transgredirla, ¿qué esperanza queda para el resto del país?
Decreto de No Prorrogas de Provisionalidad 0838 by marysierra0604
