El debate en torno al contrato de Thomas Greg & Sons, empresa responsable de fabricar pasaportes, material electoral y resguardar datos personales, ha encendido alarmas sobre la concentración de poder en manos de una élite minoritaria.
Un monopolio estratégico
Desde hace décadas, la compañía produce documentos estatales críticos (pasaportes, tarjeteros, lectores biométricos y software electoral), al mismo tiempo que custodia bases de datos que contienen información personal de millones de colombianos. Esta sinergia la convierte en un actor omnipresente en los engranajes del Estado y la seguridad nacional.
Élite que resiste el cambio
Críticos señalan que esta situación no es incidental, sino parte de la estructura del «establecimiento»: una alianza encarnada por figuras como Álvaro Uribe, Vargas Lleras, César Gaviria y Sarmiento Angulo, que aseguran contratos estatales, monopolizan servicios públicos y mantienen barreras para la movilidad social. Todo, usando sus medios y redes para conservar privilegios a costa de la mayoría.
Un despertar popular
Con el impulso de las redes sociales y la crítica política, sectores del progresismo aseguran que la ilusión de exclusividad del poder se desgasta. Temen que frente a esa pérdida, el establecimiento reaccione con más control, caos y desinformación, pero también confían en que este podría ser el momento para replantear el tejido institucional.
Propuesta de reinvención institucional
Las peticiones más exigentes incluyen:
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Revisión profunda del contrato con Thomas Greg & Sons, con corte técnico y transparencia pública.
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Fortalecimiento de plataformas estatales abiertas, que reemplacen monopolios informativos.
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Unidad política progresista: Agrupar esfuerzos en listas unificadas para romper estructuras tradicionales en próximas elecciones.
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Convocatoria a una Asamblea Constituyente, con la ambición de reformar desde la Constitución sectores clave como justicia, educación, salud, pensiones e infraestructura.
¿Hacia donde va Colombia?
Este conflicto sobre el contrato no es un simple caso aislado, es un síntoma de la tensión entre el viejo régimen, nutrido de privilegios y contratos cerrados, y una corriente que busca modernizar e democratizar al país. Si el debate logra transcender el ruido y se convierte en reformas estructurales, podría marcar un antes y un después en la historia colombiana.
