La empresa internacional habría entregado dinero, combustible y transporte a las AUC a cambio de seguridad en sus pozos; dos oficinas en Bogotá fueron embargadas para reparar a las víctimas.
La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre bienes de una petrolera internacional de origen francés, señalada de haber financiado estructuras paramilitares en el departamento del Casanare entre 1997 y 2005.
Este hecho representa la primera medida cautelar en Colombia contra los bienes de una empresa extranjera por su presunta participación en el financiamiento de grupos armados ilegales. Las medidas se tomaron tras una solicitud presentada por la Dirección de Justicia Transicional ante un magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá.
Los bienes afectados corresponden a dos oficinas ubicadas en un edificio del centro financiero de Bogotá, cuyo valor comercial asciende a $41.318.400.000, equivalentes a aproximadamente 10 millones de dólares. Dichos activos fueron entregados al Fondo para la Reparación de las Víctimas, con el objetivo de contribuir a la indemnización de las personas afectadas por el conflicto armado en Casanare.
La identificación de estos bienes fue posible gracias al intercambio de información con la Red de Recuperación de Activos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), además del uso de técnicas de análisis criminal y la recolección de pruebas que comprometen a la alta dirección de la empresa en la financiación ilegal.
Testimonios de desmovilizados como Daniel Rendón Herrera, Manuel de Jesús Pirabán y Orosman Orlando Osten Blanco, del Bloque Centauros de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), señalan que la empresa habría entregado dinero, combustible, alimentación y transporte a cambio de servicios de seguridad en los pozos petroleros. Esto habría contribuido al crecimiento patrimonial de la compañía durante los años del presunto vínculo ilegal.
La investigación fue liderada por el Grupo de Persecución de Bienes de la Dirección de Justicia Transicional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con el apoyo de la DIJIN, el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Ecopetrol y otras entidades judiciales.
Este caso marca un hito en el proceso de reparación colectiva y demuestra el alcance de la justicia transicional en la persecución de empresas que se beneficiaron del conflicto armado. La investigación sigue su curso y no se descartan nuevas decisiones judiciales sobre otros activos o posibles responsables.
Y.A.
