En una audiencia reciente, la Fiscalía reconoció que acusó al exalcalde de Santa Marta y exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, por supuestos hechos relacionados con contratos para puestos de salud usando normas que no estaban vigentes en el momento de los hechos, lo cual compromete la legitimidad de la imputación.
Cabe recordar que el proceso se origina en la investigación por $6.500 millones en contratos fallidos para la construcción de cinco puestos de salud.
Errores normativos en la acusación
Durante la intervención, la defensa —liderada por el abogado de Caicedo, Luis Carlos Torregrosa— señaló que la Fiscalía basó su imputación en artículos de un estatuto que no existía el 5 de junio de 2014, fecha clave del proceso bajo estudio. El fiscal a cargo admitió que las normas invocadas —el artículo 5.2(a) y el artículo 10(2)— solamente fueron incorporadas tras la publicación del estatuto posterior a esos hechos, lo que significa que no podían fundamentar cargos penalmente.
La defensa expuso:
“…las normas que la imputación y acusación requieren esencialmente no estaban vigentes para la época de los hechos…”
Agregó que la designación de Caicedo como autorizador para llevar adelante procesos precontractuales y contractuales no se respaldaba en el reglamento aprobado —acuerdo 003 de 2014— el cual no atribuía esas funciones al alcalde.
Implicaciones jurídicas
El hecho de que la Fiscalía se fundara en normas inexistentes genera una ausencia de tipicidad objetiva, lo que podría llevar a la absolución del procesado. La defensa calificó este desliz como evidencia de una persecución política:
“Una persecución posterga la certeza del debido proceso…”
Por ello, se anticipó una solicitud de absolución en los dos cargos imputados al exmandatario.
Próximos pasos
La defensa ha solicitado al juez la absolución inmediata de Caicedo ante la clara falta de sustento legal para los cargos. Su solicitud se fundamenta en la admisión del propio órgano acusador de que se emplearon normas no vigentes —un error que rompe los pilares básicos del acusar penal.
Este giro en el proceso pone en evidencia significativos errores técnicos de la Fiscalía, y reactiva el debate sobre la selectividad en la persecución a líderes políticos electos.
