Si se ha venido observando que los índices de criminalidad se siguen incrementando en Barranquilla, resulta más que necesario un replanteamiento de las políticas y estrategias de seguridad que se están implementando en nuestra ciudad, para poner freno con mayor efectividad y contundencia a los promotores de acciones violentas.
No obstante, hay que reconocer que la Policía Metropolitana de Barranquilla y el Comando del Atlántico han venido trabajando a fin de restablecer la tranquilidad, aunque uno de los inconvenientes que se presenta para enfrentar el escalamiento del accionar de la delincuencia, está patentizado en la circunstancia de aun no contar con un pie de fuerza lo suficientemente indispensable, acorde con las exigencias que el problema requiere.
A las incorporaciones de agentes de Policía al Comando de la División Atlántico y a la Metropolitana de Barranquilla, que cuentan con un considerable aumento en el número de agentes que cuidan la ciudad y los municipios de Soledad, Malambo, Puerto Colombia y Galapa, se le debe sumar la planificación de estrategias tendientes a garantizar el orden y la tranquilidad ciudadana.
El solo hecho de haberse registrado en Barranquilla y su Área Metropolitana, especialmente en Soledad, Malambo y Puerto Colombia, tantas muertes violentas en los últimos días, lo que incluye masacres, nos indica que la acción delictiva sigue ganando terreno, con graves efectos para la tranquilidad y convivencia ciudadana.
Con razón las fuerzas vivas de Barranquilla han sido reiterativas en el sentido de seguir exigiendo el incremento del pie de fuerza, el fortalecimiento y dotación de las sedes policiales y el retorno de la Policía a los patrullajes permanentes en todos los rincones de la ciudad, incluyendo apartadas zonas periféricas que carecen de sus servicios y en donde pareciera que es la delincuencia la que manda.
Por otra parte, resulta una verdadera contradicción que los procedimientos establecidos en la ley penal siempre favorezcan a los delincuentes, ya que la Policía los detiene, los pone a disposición de las autoridades judiciales y a las pocas horas ya están nuevamente en la calle cometiendo sus fechorías, por diversas razones: porque fueron aprehendidos sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en nuestro estatuto de las penas, porque la captura fue ilegal, porque las pruebas recolectadas no son suficientes para una imputación de cargos, porque el delito es considerado una contravención, porque el capturado es menor de edad o porque en las carceletas no hay “cama para tanta gente”.
De ahí la necesidad de implementar –por parte del Congreso de la República– una norma que le otorgue más herramientas a la Justicia y a la Policía, para enfrentar el crimen organizado en todo el territorio nacional y que tipifique como delitos algunas acciones consideradas actualmente como contravenciones.
Insistimos, ojalá que se estudie esta posibilidad, ya que con una ley en ese sentido la Policía podrá enfrentar con más herramientas la inseguridad reinante en nuestras grandes ciudades como Barranquilla, para que desaparezca esa sensación de que la Policía está maniatada para combatir el delito, que se proscriba la utilización de los menores de edad para cometer hechos delictivos, para que así no se tenga que seguir viendo en la calle los mismos delincuentes que fueron detenidos el día anterior, al tiempo que sirva para devolverle la tranquilidad a la comunidad.
