La oficina encargada de proteger derechos de niños, mujeres y familias en Luruaco cerró por falta de insumos básicos. La Alcaldía guarda silencio, mientras la comunidad clama por intervención urgente.
Por: Redacción.
DIARIO LA LIBERTAD.
Una comisaría cerrada por falta de papel…
En un país donde se firman pactos por la vida y se proclaman discursos de equidad desde los grandes escenarios políticos, Luruaco, un pequeño municipio del Atlántico, muestra la otra cara del Estado colombiano: la de la desidia, la indolencia y el abandono total.
Este viernes 4 de julio, el Comisario de Familia Moisés Adrián Avilés Álvarez emitió un comunicado desgarrador y vergonzoso: la Comisaría de Familia de Luruaco no seguirá atendiendo al público por falta de insumos básicos de oficina. Así, tal cual. No hay papel, no hay tinta, no hay herramientas mínimas. Y sin estos, no hay justicia.
La circular oficial, fechada el 27 de junio de 2025, deja en evidencia que la situación no es nueva. Hace días se notificó el cierre parcial del despacho por no contar ni con una resma de papel, imposibilitando trámites esenciales como solicitudes de alimentos, herencias, orientación familiar y disolución de sociedad conyugal. Solo los casos de violencia intrafamiliar reciben alguna atención, y aún así, con precariedad extrema.
Esta no es una oficina cualquiera. Se trata de la única institución en el municipio con funciones jurisdiccionales para proteger derechos fundamentales de niños, adolescentes, mujeres víctimas de violencia y familias en crisis. Su cierre no es administrativo: es un atentado directo a la dignidad humana.
La pregunta es inevitable: ¿cómo llegó Luruaco al punto de no poder pagar ni una resma de papel para garantizar derechos fundamentales?
El silencio de la Alcaldía de Luruaco, que debería ser la primera en responder, solo agrava el panorama. Mientras tanto, la comunidad —indignada— señala la falta de acción del Secretario de Gobierno, Danilson Rodríguez Yépez, a quien acusan de inacción e indiferencia frente a una situación crítica que ya estaba notificada.
Desde redes sociales y espacios comunitarios, ciudadanos claman por intervención urgente de la Gobernación del Atlántico. Lo hacen con claridad: “Aquí la culpa no la tiene el comisario, que hace lo humanamente posible por mantener el servicio. El problema es de una administración local que no garantiza lo mínimo”.
Y tienen razón. Lo que está en juego no es un trámite perdido. Es el derecho a la protección. Es la posibilidad de una madre de obtener medidas urgentes para sus hijos. Es la opción de una mujer violentada de ser escuchada. Es la diferencia entre el caos familiar y la mediación institucional. Y todo eso depende, en este momento, de que alguien consiga insumos que son fáciles de conseguir.
La gravedad de lo ocurrido en Luruaco no puede pasarse por alto. Revela lo que ocurre cuando el Estado local se convierte en una caja vacía, que no es capaz de garantizar ni el servicio más esencial. Pero también deja una advertencia mayor: cuando una comisaría cierra por falta de papel, lo que colapsa no es solo una oficina. Colapsa la confianza en las instituciones.
El Comisario Avilés, con un gesto de dignidad y responsabilidad, ha puesto el tema sobre la mesa. Ahora es momento de que los responsables —alcalde, secretario de gobierno, y el propio departamento— respondan con acciones concretas. No con excusas.
Porque si un municipio no puede sostener una Comisaría de Familia funcionando con lo básico, ¿qué tipo de Estado estamos construyendo?
Mientras tanto, Luruaco sigue esperando. Y sus familias, también.
Y.A.
