La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una nueva etapa de vigilancia sobre la aplicación del enfoque étnico en la política pública de atención a víctimas del conflicto armado, con especial énfasis en los pueblos indígenas. El objetivo es verificar que las instituciones públicas estén cumpliendo con los compromisos establecidos en el Decreto Ley 4633 de 2011, que garantiza los derechos de esta población.
Como parte de esta estrategia de control preventivo, el organismo solicitó a la Unidad para las Víctimas (Uariv) y al Departamento Nacional de Planeación (DNP) informes detallados sobre los avances en la implementación de programas dirigidos a comunidades indígenas.
La Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos pidió a la Uariv datos precisos sobre el número de pueblos beneficiados con medidas de reparación colectiva, montos ejecutados, cantidad de espacios de consulta habilitados para el diálogo con las comunidades, y el personal capacitado para brindar atención con enfoque diferencial.
En un comunicado oficial, la Procuraduría señaló que esta labor busca asegurar la participación activa, constante e inclusiva de las comunidades indígenas, en línea con los principios que rigen la política pública de víctimas. La entidad enfatizó que no se permitirá retrocesos en los derechos adquiridos por estos pueblos.
Este seguimiento se enmarca en la función preventiva del Ministerio Público y responde a la necesidad de garantizar que los procesos de reparación y justicia respondan a las realidades culturales y sociales de los pueblos indígenas, históricamente afectados por el conflicto.
