Colombia registra 77.719 víctimas de desplazamiento forzado y miles en confinamiento durante 2025; el Catatumbo concentra la mayor crisis, mientras aumenta el flujo migratorio irregular y la respuesta estatal es insuficiente.
Por: Redacción digital.
DIARIO LA LIBERTAD.
En Colombia, la geografía del horror se expande al ritmo de los fusiles y el silencio institucional. Las últimas cifras de la Defensoría del Pueblo son un retrato urgente de esa realidad innegable: 77.719 personas han sido desplazadas por la fuerza entre el 1 de enero y el 30 de mayo de 2025. No es solo un número: son familias rotas, tierras abandonadas, proyectos de vida truncados. Y casi el 90 % —68.347 seres humanos— proviene del Catatumbo, esa región fronteriza donde la guerra se perpetúa a la sombra del Estado.
Catatumbo: territorio sitiado
El Catatumbo no conoce treguas. Allí convergen guerrillas rezagadas, disidencias que cambiaron de sigla pero no de método y redes criminales que ven en la coca el negocio perfecto para financiar su dominio. Entre combates, extorsiones y minas antipersona, 11.000 personas permanecen confinadas, atrapadas entre los disparos y la selva. Su única certeza es el riesgo: si salen de sus veredas, mueren; si se quedan, también.
Mayo rojo en cinco departamentos
La violencia no se concentra solo en la frontera nororiental. Mayo sumó 1.746 nuevos desplazados en Antioquia, Valle del Cauca, Nariño, Cauca y Guaviare. Comunidades que sobreviven a punta de promesas incumplidas empacan lo poco que tienen y huyen por trochas mientras sus casas quedan a merced de quien tenga más poder de fuego.
En paralelo, otras 8.123 personas fueron sitiadas en pleno siglo XXI, sin acceso a educación, salud ni alimentos, en departamentos como Chocó y los mismos focos donde estallan los desplazamientos. Confinar a la población es una táctica tan vieja como efectiva: nadie ve las masacres si nadie puede entrar.
Migraciones que vuelven en espiral
La crisis humanitaria se agrava con un flujo migratorio que rebasa la frontera. Hasta el 30 de mayo, 28.756 mujeres, 28.579 hombres y 15.364 niños y adolescentes viajaron irregularmente por el territorio colombiano. No todos quieren quedarse; muchos sueñan con atravesar la selva, llegar a Centroamérica y acariciar la frontera de Estados Unidos. Otros, 10.246 migrantes, regresan frustrados tras fracasar en ese intento y ahora deambulan sin destino en un país que no estaba preparado para recibirlos.
La Defensoría advierte que los corredores clandestinos son trampas mortales: mafias que cobran peajes en vidas, redes que abandonan a familias enteras en la nada, enfermedades tropicales y explotación sexual como tarifa obligada. El Estado, aturdido, llega después de los estallidos de indignación en redes sociales y, a veces, ni siquiera aparece.
Un Estado con la agenda en otra parte
Cada rueda de prensa oficial se llena de compromisos: comités de crisis, mesas de diálogo, anuncios de inversión social. Sin embargo, las familias desplazadas siguen durmiendo en polideportivos sin agua y los confinados dependen de la caridad de las iglesias. El discurso de paz total no se traduce en garantías mínimas de vida digna. Porque la paz no son titulares; son escuelas abiertas y hospitales funcionando en las veredas donde hoy solo se oyen ráfagas.
Los planes de atención suelen llegar tarde y recortados. Al Catatumbo, por ejemplo, el alimento humanitario tarda semanas en sortear retenes ilegales. Mientras tanto, los niños muestran los brazos recién marcados por la desnutrición, y las madres improvisan refugios con plásticos que no detienen ni la lluvia ni las balas.
Advertencia sin eco
La Defensoría del Pueblo exige “planes integrales de atención y protección”. Pero esos planes requieren presupuesto, presencia territorial y voluntad política sostenida. Nada de eso se ve en el horizonte inmediato. Los anuncios se diluyen al ritmo de la coyuntura mediática; la prioridad gubernamental cambia con cada escándalo.
El reloj humanitario corre
Colombia empieza la segunda mitad de 2025 con un saldo insostenible: casi 78.000 desplazados, miles en confinamiento y una ruta migratoria convertida en cementerio anónimo. Las organizaciones humanitarias advierten que, si no se actúa de manera coordinada, lo que hoy es una crisis humanitaria se convertirá en catástrofe.
Lo repetimos: cada número es un nombre, un rostro, un proyecto de futuro arrebatado. Mientras no se entienda así, los conteos seguirán engordando y las promesas oficiales continuarán siendo simples ejercicios de oratoria. El país necesita menos comités y más presencia real en los territorios donde la población vive, resiste y, a veces, muere en silencio.
Lea aquí el informe completo de la Defensoría del Pueblo:
884440303-Informe completo de la Defensoría del Pueblo sobre desplazamiento en Colombia 2025 by LIBERTAD DIARIO
Y.A.
