La auditoría financiera de la Contraloría General a la gestión del FOMAG evidenció irregularidades por más de $548 mil millones entre 2023 y 2025, incluyendo pagos sin soporte legal, sanciones por mora e inconsistencias en contratos de salud.
Una nueva auditoría financiera adelantada por la Contraloría General de la República (CGR) al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) dejó al descubierto graves irregularidades en el manejo de recursos destinados a pensiones, cesantías y servicios médicos asistenciales de los docentes del país. Los hallazgos, que incluyen presuntas responsabilidades fiscales, disciplinarias y penales, superan los $548 mil millones entre los años 2023 y 2025.
La CGR, a través de su Delegada para el Sector Educación, Ciencia, Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte, encontró 21 hallazgos durante la auditoría correspondiente a la vigencia 2024, de los cuales siete tienen incidencia fiscal, tres presunta incidencia penal y veinte una connotación disciplinaria.
Entre los hechos más alarmantes, la entidad identificó el pago de mesadas pensionales a personas fallecidas, falta de registro de facturas en auditoría con reserva presupuestal, y una ineficiente gestión de cobro de cartera, que resultó en un hallazgo fiscal por $23.800 millones. Además, se detectó el pago de intereses moratorios por $3.210 millones debido al incumplimiento en el tiempo de fallo de sentencias administrativas.
La inoportunidad en el reconocimiento de cesantías, donde intervienen tanto Fiduprevisora como las entidades territoriales, también sigue generando pagos por sanciones moratorias, que alcanzan los $4.220 millones con recursos TES y $48.100 millones con recursos del FOMAG, violando así lo dispuesto en la Ley 1955 de 2019 sobre la destinación específica de estos recursos.
Uno de los aspectos más sensibles tiene que ver con el nuevo modelo de salud implementado por el FOMAG. La CGR detectó serias irregularidades contractuales, como la ausencia de Certificados de Registro Presupuestal (CRP) por más de $75 mil millones, contratos sin actas de inicio, o sin las garantías pactadas, y la ejecución de contratos por más de $525 mil millones sin respaldo presupuestal.
También se identificaron actas de recepción firmadas antes de la firma de contratos, lo cual evidencia un grado preocupante de improvisación. Destaca el caso del contrato 12076-024-2024, inicialmente firmado por $31.184 millones y modificado luego a apenas $776 millones, sin liberar oportunamente los saldos.
En cuanto al contrato con la UT Riesgos Laborales, la adición de recursos fue del 127,6% (más de $5.154 millones), excediendo ampliamente el límite del 50% permitido. Este caso también incluyó el incumplimiento en el pago de 43 facturas, con posible generación de intereses por mora.
Otro punto crítico fue la suscripción de contratos de transacción por $1,2 billones, sin la debida aprobación del Consejo Directivo del FOMAG, lo que derivó en un hallazgo con traslado a la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación.
Adicionalmente, la Contraloría recibió información sobre posibles sociedades ficticias, grupos empresariales indebidos y destinación de recursos al exterior, con fines de presunto enriquecimiento ilícito, lo que motivó el traslado de estos hechos a la Fiscalía General.
La CGR también alertó sobre riesgos de pago de servicios médicos no prestados a entidades no habilitadas en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), advirtiendo un posible daño al patrimonio público si no se toman medidas.
En total, la Contraloría ha consolidado entre 2023 y 2025 los siguientes hallazgos relacionados con el FOMAG:
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23 hallazgos con incidencia fiscal, que suman más de $548 mil millones
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54 con presunta connotación disciplinaria
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4 con presunta incidencia penal
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5 con otras incidencias, trasladadas a entidades como el Ministerio de Salud, la DIAN y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
La entidad fiscal reiteró el llamado urgente a Fiduprevisora y a las entidades territoriales a corregir las deficiencias detectadas, pues estos manejos inadecuados afectan directamente el patrimonio público y los derechos de miles de docentes.
La Contraloría General de la República anunció que mantendrá su control fiscal permanente y posterior, con el objetivo de evitar la repetición de estas irregularidades y garantizar una gestión transparente y eficiente de los recursos del Magisterio.
Y.A.
