El excanciller Álvaro Leyva rompió su silencio tras la filtración de unos audios que han generado controversia en el escenario político colombiano. En las grabaciones, difundidas por El País América, se escucha a Leyva referirse a un posible “gran acuerdo nacional” que incluiría actores armados como el ELN y el Clan del Golfo, así como sectores internacionales, con la supuesta intención de apartar del poder al presidente Gustavo Petro.
Aunque el exfuncionario reconoció la autenticidad de los audios, aseguró que se trata de una conversación privada y negó rotundamente que estuviera promoviendo un golpe de Estado. “Es absurdo. Fue una charla íntima y espontánea. Decir ‘sacar a ese tipo’ no constituye una amenaza ni una estrategia golpista”, afirmó Leyva en entrevista con la revista Semana.
El exministro, quien hizo parte del gobierno de Petro en sus primeros meses, explicó que ha hecho llamados públicos y constitucionales para que el mandatario renuncie, pero dentro del marco legal. Además, criticó que se esté usando una grabación obtenida de forma ilegal como argumento judicial o político: “Eso no puede usarse como prueba en un proceso penal. Hay jurisprudencia clara sobre eso”, añadió.
Leyva también cuestionó la ética de quienes lo acusan y afirmó que el verdadero delito es grabar y difundir conversaciones privadas. “¿Desde cuándo la libertad de expresión en un país democrático se criminaliza? Esto es una torpeza y una distorsión peligrosa de los principios constitucionales”, expresó con firmeza.
La Fiscalía General de la Nación anunció la apertura de una investigación para determinar el contexto, autenticidad y alcance de las declaraciones. Aunque no se han presentado cargos ni citaciones oficiales, el caso ya ha escalado como uno de los más sensibles en el ámbito político del país.
El presidente Gustavo Petro denunció el hecho como un acto de traición a la patria, mientras que sectores afines al Gobierno exigen la judicialización de Leyva. Desde la oposición, algunas voces piden respeto por el derecho a la privacidad y al libre pensamiento, recordando que no se puede criminalizar una conversación sin acciones concretas.
Este episodio aumenta la tensión en un gobierno que enfrenta múltiples retos internos y externos, y que ahora deberá gestionar una nueva crisis institucional que involucra a uno de sus exaliados más influyentes.
