Verónica Sarauz asegura que ningún presidente puede entrar a Manta sin el aval del narcotráfico y cuestiona la versión de Gustavo Petro sobre su viaje a esa ciudad ecuatoriana.
El viaje que realizó el presidente Gustavo Petro a la ciudad ecuatoriana de Manta a finales de 2024 ha despertado una creciente ola de sospechas, especulaciones y exigencias de claridad por parte de sectores políticos y sociales tanto en Colombia como en Ecuador. La controversia ha alcanzado un nuevo punto álgido con las declaraciones de Verónica Sarauz, viuda del asesinado candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, quien aseguró en entrevista con reconocido medio de comunicación nacional que la visita de Petro no pudo haberse realizado sin conocimiento o autorización de las mafias que controlan esa ciudad.
Sarauz fue enfática al decir que “no hay manera de que un presidente llegue a Manta sin autorización de narcos”, haciendo alusión directa a la influencia que ejerce alias ‘Fito’, líder de la organización criminal Los Choneros, recientemente capturado en un lujoso búnker subterráneo en la misma ciudad. La detención de este capo ocurrió exactamente un mes después de la presencia de Petro en Manta, lo que ha avivado teorías sobre un posible vínculo entre la visita presidencial y negociaciones subterráneas con el crimen organizado.
Petro ha intentado neutralizar las sospechas afirmando que viajó a Manta para adelantar su proyecto literario. “Escribí, ese domingo 25, unas treinta páginas de mi libro sobre la relación entre acumulación de capital y crisis climática”, publicó el mandatario en su cuenta de X (antes Twitter). Agregó que aprovechó el poco tiempo disponible para avanzar en una sección inspirada en la tesis del filósofo japonés Kohei Saito.
Sin embargo, la explicación ha sido insuficiente para muchos, especialmente tras conocerse una carta enviada por alias ‘Fito’ a la Embajadora de Colombia en Ecuador, María Antonia Velasco, donde solicitaba la intermediación del Gobierno colombiano para su entrega voluntaria. Esta carta fue enviada dos semanas después de la visita de Petro, lo que ha llevado a diversos sectores a sospechar que el viaje pudo estar relacionado con negociaciones encubiertas entre el narcotraficante y el Ejecutivo colombiano.
En ese contexto, las palabras de Sarauz tienen un peso significativo, especialmente por las denuncias que su esposo hizo antes de ser asesinado el 9 de agosto de 2023. Según explicó, Villavicencio viajó a Colombia con el fin de entregar pruebas sobre negociaciones entre Piedad Córdoba, Alex Saab y Nicolás Maduro. “No sé qué pasó con esas denuncias”, señaló la viuda, recordando además cómo su esposo alertó sobre los vínculos entre la izquierda ecuatoriana y Nicolás Petro, hijo del presidente colombiano.
Villavicencio también denunció los nexos entre el expresidente Rafael Correa, Raisa Vulgarín —aspirante a la Asamblea Nacional ecuatoriana por Revolución Ciudadana— y Camilo Burgos, señalado por Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, como el encargado de recibir y entregar dinero en efectivo de dudosa procedencia para financiar campañas políticas. En chats revelados por Vásquez, se evidenciaría cómo Burgos habría recibido $300 millones en un hotel en Bogotá y los habría transportado a Barranquilla, con ayuda de su esposa Vulgarín.
Las conexiones siguen hasta Vinicio Alvarado Esquivel, estratega de la campaña presidencial de Petro y prófugo de la justicia ecuatoriana por recibir aportes ilegales durante la presidencia de Correa. De acuerdo con Villavicencio, Burgos y Vulgarín también habrían actuado como enlace con Alvarado.
Frente a todo este entramado de relaciones entre figuras de la política colombiana, ecuatoriana y organizaciones criminales, Sarauz fue contundente al exigir una respuesta del presidente colombiano. “El presidente Petro les debe una explicación a los ecuatorianos y colombianos sobre qué fue a hacer a Manta, una ciudad donde es evidente que Fito y la delincuencia organizada mandan”, sostuvo.
Este nuevo capítulo del escándalo pone de nuevo en entredicho la transparencia del gobierno colombiano, especialmente en momentos en que los lazos entre política y narcotráfico generan profunda desconfianza en la región. La presión internacional por una explicación oficial continúa aumentando, mientras los gobiernos de Colombia y Ecuador se enfrentan a la difícil tarea de esclarecer los hechos y restablecer la confianza ciudadana.
Y.A.
