El ente administrativo ratifica responsabilidad del Distrito en perjuicios a trabajadores informales desalojados tras más de 20 años de ocupación pacífica.
El Tribunal Administrativo del Atlántico confirmó el fallo emitido por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla que declaró responsable al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla por los perjuicios ocasionados a un grupo de personas que trabajaban en el lavadero de autos “La María”, ubicado en la intersección de la carrera 54 con calle 45, zona conocida como Murillo.
Según la decisión judicial, el desalojo ejecutado por las autoridades distritales constituyó un daño antijurídico, ya que los demandantes ocuparon el predio durante más de dos décadas con el consentimiento tácito del mismo ente territorial, lo que generó una legítima expectativa y confianza en la continuidad de su actividad económica. La sentencia incluye la responsabilidad del Distrito por perjuicios materiales y morales, tanto presentes como futuros.
La acción judicial fue interpuesta en 2017 por el abogado Luis Escorcia León, en representación de diez trabajadores informales que subsistían con sus familias a partir de la actividad desarrollada en ese espacio público. Después de ocho años de litigio, el Tribunal ratificó la decisión del juez de primera instancia sin imponer condena en costas, y ordenó la notificación del fallo a las partes y a la Procuraduría Judicial.
Los beneficiarios del fallo son José Manuel Mejía Ebrat, Alex Ramírez Bárceles, Geoavani Enrique Sandoval Martínez, Hermis Ramírez Bárceles, Jorge Eliecer Gutiérrez Barrelo, Wilmer Manuel Sandoval Martínez, Rosa Helena Martínez Gamero, Darlis Patricia Elles Martínez, Deisy Johana Elles Martínez y Luis Moisés Castro Bolívar.
En rueda de prensa, el abogado Alfonso Camerano destacó la dimensión social del fallo, calificándolo como una reivindicación de la dignidad de familias que por años ocuparon legalmente un espacio urbano con aceptación oficial. Criticó además el procedimiento del desalojo, señalando la falta de presencia de la Personería Distrital y la Procuraduría, así como el uso de fuerza desproporcionada para sacar a los trabajadores.
Camerano subrayó la contradicción que existe entre la recuperación del espacio público y la realidad social de miles de personas que dependen de él para sobrevivir. “Se pudo conciliar el desarrollo urbano con una política social que no atropellara a nadie. Lo que se hizo fue destruir medios de sustento sin ofrecer alternativas reales”, afirmó.
El fallo no solo representa una reparación a los afectados, sino que también reabre el debate sobre el uso y la gestión del espacio público en ciudades como Barranquilla. Para los voceros del caso, es necesario que las administraciones asuman su responsabilidad social y encuentren soluciones urbanas que no ignoren a las personas que históricamente han vivido y trabajado en estos entornos.
