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El representante a la Cámara por Antioquia, Óscar Pérez, denunció públicamente que varios municipios del país estarían incurriendo en prácticas irregulares al aplicar aumentos desmesurados en el impuesto predial, como consecuencia de actualizaciones catastrales mal gestionadas o aplicadas de forma arbitraria.
Pérez señaló que estos incrementos, que en algunos casos alcanzan entre el 1.000 % y el 2.000 %, se derivan del incumplimiento de las normas que rigen las actualizaciones catastrales, particularmente en zonas rurales con historiales prolongados sin revisión del catastro. Según el congresista, la falta de actualización oportuna por parte de las alcaldías ha terminado trasladando una carga tributaria excesiva a los contribuyentes.
“El problema no es de quienes pagan, sino de las administraciones municipales que no han hecho la actualización catastral conforme a la ley. Luego aplican incrementos con criterios fiscales subjetivos, interpretando a su antojo las normas vigentes”, afirmó Pérez.
El representante aseguró que muchas autoridades locales están desconociendo lo estipulado por la Ley 1995 de 2019, la cual fue prorrogada mediante la ley del Plan Nacional de Desarrollo y establece topes al crecimiento del impuesto predial. En su lugar, estarían utilizando la Ley 44 de 1990, con criterios anacrónicos que permiten aumentos injustificados y perjudiciales para la ciudadanía.
Pérez advirtió que, pese a que existe un proyecto de ley en curso para regular esta problemática, su trámite en el Congreso no ha tenido avances. Por ello, instó a que mientras se da el debate legislativo, se aplique de manera estricta la normativa vigente, en defensa de los derechos de los contribuyentes y de la seguridad jurídica.
“El país no puede permitir que las leyes se interpreten con fines recaudatorios extremos y sin control. Exigimos que se respete la Ley 1995, porque fue hecha precisamente para frenar este tipo de abusos”, concluyó.
