Una IPS en Bogotá ocultó diagnóstico de cáncer a paciente: la corte constitucional habla de violación a derechos fundamentales

Un fallo reciente de la Corte Constitucional reveló un preocupante caso de negligencia médica en el Hospital Universitario Clínica San Rafael, donde un paciente falleció sin haber sido informado de que padecía cáncer. El diagnóstico había sido confirmado siete meses antes, pero el resultado fue omitido por la institución médica, condenando al paciente a una muerte silenciosa y sin dignidad.

Los hechos fueron conocidos gracias a una demanda interpuesta por la familia del afectado, quienes denunciaron que, tras la extracción de la vesícula, el informe patológico —que revelaba la presencia de células cancerígenas— fue archivado sin que nadie se lo comunicara. El fallo del alto tribunal califica este acto como una vulneración grave de los derechos a la salud, a la dignidad humana y a la autonomía personal.

«La omisión de un diagnóstico no es un error administrativo: es una forma de violencia institucional», advirtió la Corte en su decisión, en la que también criticó que un tribunal anterior hubiera eximido de responsabilidad al hospital pese a la existencia de pruebas contundentes.

El caso ha desatado críticas al sistema de salud colombiano, donde, según organizaciones de pacientes, este tipo de negligencias son más comunes de lo que se reporta. La Corte hizo un llamado urgente al Congreso de la República y al Ministerio de Salud para que reglamenten, de manera estricta, los protocolos de notificación de resultados clínicos graves.

Además, el hospital fue obligado a implementar un sistema humanizado de comunicación con sus pacientes. Sin embargo, expertos en salud pública temen que esta decisión, como otras en el pasado, quede solo en el papel, sin una vigilancia efectiva por parte de las autoridades.

A pesar de la gravedad del caso, hasta el momento no se ha pronunciado la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, entidad llamada a intervenir en situaciones donde se evidencia corrupción u omisión sistemática por parte de instituciones públicas o privadas. Para familiares de la víctima, este silencio institucional refuerza el sentimiento de impunidad.

En medio de esta crisis de confianza, diversos sectores de la sociedad civil han hecho un llamado a fortalecer el civismo como forma de resistencia. “Cuando un médico informa con honestidad, cuando un ciudadano exige su derecho a saber, se está combatiendo el cinismo que se ha instalado en nuestro sistema de salud”, señaló uno de los abogados del caso.

La historia ha vuelto a poner en el centro del debate nacional la necesidad de reformas profundas en el sector salud, que garanticen la vida y la dignidad de todos los colombianos, sin importar su estrato, apellido o poder adquisitivo.