Augusto Rodríguez Ballesteros es señalado por no atender solicitudes de seguridad de líderes sociales y por irregularidades en la reubicación de agentes de protección, en medio de varias denuncias y un reciente atentado contra Miguel Uribe.
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros, por una presunta omisión en la atención de solicitudes de esquemas de seguridad para líderes y lideresas sociales en riesgo.
El organismo de control señaló que Rodríguez también está siendo investigado por posibles irregularidades en la reubicación de agentes de protección, quienes habrían sido asignados a funciones administrativas a pesar de la escasez de personal para atender tareas de seguridad en terreno.
“Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes y verificar si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad”, indicó la Procuraduría en un comunicado oficial.
El caso se agrava en el contexto del reciente atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en el suroccidente de Bogotá. Por ese hecho, la Procuraduría también abrió una investigación preliminar contra Rodríguez, ante la presunta falta de garantías de seguridad para los miembros del partido Centro Democrático.
El abogado de Uribe, Víctor Mosquera, denunció públicamente que Rodríguez habría omitido su deber institucional, dejando en estado de vulnerabilidad al congresista. A esto se suma una solicitud formal realizada desde 2023 por Gabriel Jaime Vallejo, director del Centro Democrático, quien pidió a la UNP reforzar los esquemas de seguridad para los líderes de esa colectividad, sin que aparentemente se haya dado una respuesta oportuna.
La situación de Augusto Rodríguez sigue generando controversia, especialmente cuando el país atraviesa un clima de alta tensión en materia de seguridad para defensores de derechos humanos y dirigentes políticos.
Y.A.
