El sicario que mató al periodista Jaime Vásquez exige el pago pactado y menciona a tres figuras clave: el gobernador, el alcalde de Cúcuta y un empresario condenado por explotación de menores. El silencio institucional es tan atronador como sospechoso.
No es una teoría de conspiración ni una coincidencia. Es una radiografía precisa de cómo funciona el poder corrupto en Colombia. El asesinato del periodista y veedor ciudadano Jaime Vásquez dejó de ser una simple tragedia para convertirse en una prueba irrefutable de los vínculos entre el crimen y la política. En audios revelados desde la cárcel de máxima seguridad de Palogordo, el sicario Alejandro José Arias Alejos, alias “el Chueco”, lanza nombres y cifras que sacuden la credibilidad del Estado colombiano.
En esas grabaciones, que ya están en poder de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, el Chueco exige el pago de los $600 millones de pesos que asegura le prometieron por asesinar a Vásquez. Pero lo más grave es a quiénes menciona como parte de esta oscura transacción: el gobernador William Villamizar Laguado, el alcalde de Cúcuta Jorge Enrique Acevedo Peñaloza y el contratista Julio César Casas, dueño de Eagle American, empresa que ha prestado servicios de seguridad a entidades públicas, a pesar de que su dueño está condenado por explotación sexual de menores.
¿Quién responde por esto? ¿Cómo es posible que un contratista con semejante prontuario siguiera operando sin escándalo alguno mientras el periodista que lo denunciaba terminaba acribillado?
La respuesta es tan sencilla como brutal: la impunidad en Colombia está institucionalizada. Las élites políticas, amparadas por el aforamiento, la inoperancia judicial y la complicidad de los entes de control, siguen operando sin temor alguno a la ley ni al escrutinio público. No se trata de una mención ligera de un criminal desesperado. Se trata de un entramado de poder que paga silencios con contratos y verdades con balas.
La frase que pronunció el sicario desde su celda lo resume todo: “O todos en la cama o todos en el suelo”. Es una advertencia. Un mensaje directo al poder que lo usó y luego intentó desecharlo. Y él, ya comenzó a hablar.
La Alcaldía de Cúcuta intenta lavar su nombre, argumentando que el alcalde ha enfrentado al Tren de Aragua y a los AK-47, pero no explica por qué un sicario lo menciona como intermediario entre bandas criminales y políticos. El gobernador guarda silencio, y el abogado del contratista se niega a hablar con la prensa.
¿Dónde queda la democracia cuando el periodismo es castigado con la muerte y la verdad es el crimen más peligroso? ¿Qué tipo de Estado permite que un abusador de menores continúe facturando con recursos públicos, mientras un ciudadano valiente como Jaime Vásquez es asesinado por denunciarlo?
Colombia no necesita discursos radicales para temer por su democracia. Necesita mirar de frente una verdad más brutal: la política se ha convertido en un aparato de crimen legalizado.
Y frente a esa realidad, el civismo debe dejar de ser un gesto simbólico. Denunciar, exigir justicia, recordar a Jaime Vásquez y vigilar al poder no son actos opcionales. Son deberes urgentes. La ciudadanía radicalmente cívica es hoy el único antídoto contra la impunidad sistémica.
Y.A.
