Propiedades de un senador, un gobernador y un contratista fueron ocupadas por el CTI y el Ejército tras detectarse un posible detrimento patrimonial en contrato de materiales pétreos.
La Fiscalía General de la Nación dio un contundente golpe a una presunta red de corrupción en Norte de Santander, al imponer medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre siete propiedades cuyo valor asciende a más de 3.390 millones de pesos.
Entre los bienes afectados se encuentran tres inmuebles que pertenecerían al senador de la República Édgar de Jesús Díaz Contreras, uno al gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, y tres más al contratista Pedro Antonio Silva Ruíz.
De acuerdo con la investigación, los bienes habrían sido adquiridos durante el período en que se presentaron presuntas irregularidades en un contrato para el suministro de materiales pétreos, suscrito inicialmente en el año 2009, cuando Villamizar ocupaba por primera vez la Gobernación del departamento. Las etapas contractuales se extendieron hasta 2012, época en la que Díaz Contreras ejercía como gobernador.
Los elementos materiales probatorios recabados por un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio indican que el contrato generó un posible detrimento patrimonial superior a los 3.700 millones de pesos, y que los inmuebles estarían vinculados directamente a estos hechos de corrupción administrativa.
La ocupación de los bienes se llevó a cabo mediante diligencias del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con apoyo del Ejército Nacional, en las ciudades de Bogotá, Los Patios y Villa del Rosario.
El ente acusador señaló que los requisitos legales para la imposición de medidas cautelares estaban plenamente configurados, al considerar que las propiedades serían el producto directo o indirecto de una actividad ilícita.
Esta acción hace parte de los esfuerzos institucionales por recuperar los recursos del Estado y combatir la impunidad en casos de corrupción que afectan directamente el patrimonio público y la confianza ciudadana.
La Fiscalía informó que esta actuación tiene carácter de interés general y forma parte del compromiso de la entidad con la transparencia y la legalidad en la contratación pública.
Y.A.
