Alberto Jacinto Vásquez, exnotario de San Jacinto (Bolívar), recibió una condena de nueve años y dos meses de prisión por su papel en la legalización de tierras usurpadas por las AUC entre 1996 y 2001.
La justicia colombiana dio un paso significativo en la reparación de las víctimas del conflicto armado con la condena del exnotario Alberto Jacinto Vásquez Vásquez, quien durante su labor en San Jacinto (Bolívar) facilitó la apropiación ilegal de tierras por parte de estructuras paramilitares en los territorios colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó, en el departamento del Chocó.
Una juez penal especializada de Quibdó dictó una sentencia de nueve años y dos meses de prisión contra Vásquez Vásquez tras comprobarse su responsabilidad en los delitos de desplazamiento forzado y concierto para delinquir, además de imponerle una multa de más de 2.988 millones de pesos.
Según lo establecido por la Fiscalía General de la Nación, el exfuncionario incurrió en prácticas notariales irregulares entre 1996 y 2001, período en el que permitió que grupos armados ilegales como la ‘Casa Castaño’, el bloque Élmer Cárdenas y el bloque Bananero de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se apropiaran de tierras por medio de mecanismos que aparentaban legalidad.
El exnotario avaló compraventas forzadas con precios por debajo del valor comercial real, sustentadas en documentación falsa y firmadas bajo presiones e intimidaciones armadas, lo que derivó en el desplazamiento de los propietarios y tenedores originales. Estas personas, obligadas a huir de sus territorios, se vieron forzadas a refugiarse en otros municipios.
Las tierras despojadas fueron utilizadas por los paramilitares para establecer proyectos agroindustriales de palma de aceite y actividades de ganadería extensiva, lo que además provocó afectaciones ambientales en zonas de reserva forestal.
Este fallo judicial, que corresponde a una sentencia de primera instancia, aún está sujeto a los recursos de ley establecidos por la normativa colombiana.
El caso representa un ejemplo contundente de cómo algunos funcionarios públicos contribuyeron al despojo sistemático de tierras durante el conflicto armado, y cómo el aparato judicial busca, al menos en parte, restituir la justicia frente a esos crímenes.
Y.A.
