En medio de una semana marcada por la convalecencia del senador Miguel Uribe Turbay y un preocupante aumento de atentados en el suroccidente del país, el Gobierno Nacional ha aprobado la Resolución 161 de 2025, que establece una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) para la estructura criminal conocida como Frente 33, activo en el Catatumbo.
Esta medida ha sido calificada por analistas y líderes sociales como la creación encubierta de un “santuario narcotraficante”: un refugio para extraditables como Willington Henao Gutiérrez, alias “El Mocho”, cuyo regreso a la vida pública coincide con la proximidad de las elecciones legislativas en 2026, alimentando temores sobre la infiltración del narcotráfico en el proceso electoral.
Una desviación peligrosa del orden constitucional
La Resolución 161 se aparta de los criterios establecidos por la Sentencia C‑525 de 2023 de la Corte Constitucional, que regula la declaratoria de estas zonas en contextos excepcionales —humanitarios, ambientales o de emergencia—, y no para áreas criminales. Esta decisión abre la puerta al cuestionamiento jurídico:
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Incoherente con la jurisprudencia, al autorizar zonas sin criterios transparentes ni control judicial.
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Riesgosa institucionalmente, al permitir que grupos ilegales operen a sus anchas en época electoral.
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Provocadora de inseguridad, pues contrasta con la ola de violencia desatada en el suroccidente del país durante el fin de semana.
Contexto político: ¿para quién y por qué?
El anuncio genera suspicacias: coincide con el momento en que el país atraviesa el episodio de salud de una figura pública destacada —Miguel Uribe Turbay— y una campaña anticipada que ya está en marcha, con sospechas de financiamiento electoral ilegal. Aumenta la desconfianza generalizada hacia la intervención de estructuras criminales en la política.
Grupos opositores, organizaciones sociales y analistas advierten que la ZUT puede convertirse en una herramienta de presión o manipulación para favorecer intereses electorales turbios, usando al narco como arma política.
Lo que sigue
La atención ahora está en la Corte Constitucional, la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo, entidades que podrían impugnar esta resolución por inconstitucional y violatoria de derechos. También queda abierta la discusión en el Congreso y la opinión pública, en la antesala de una campaña que ya se avecina como la más intensa y fragmentada de los últimos años.
En su defensa, el Gobierno habla de “orden público” y “protección a la población en zonas de difícil acceso”. Pero si la resolución se percibe como un refugio para criminales, el debate se trasladará al campo de la legitimidad y el respeto a las reglas del Estado de Derecho.
La Resolución 161 de 2025 pone a prueba la fortaleza institucional en Colombia. Al borde de una posible intromisión narcopolítica, el país deberá decidir si permite territorios de impunidad disfrazados de regulaciones administrativas, o reacciona para defender su sistema democrático.
