El secuestro de 57 militares del Ejército en el cañón del Micay, en el sur del Cauca, no fue un acto espontáneo de una comunidad enardecida. Fue una operación milimétrica, con nombres propios, estrategia definida y respaldo armado. Y sus autores ya fueron identificados.
Alias ‘Kevin’, ‘Negro Yéferson’, ‘Zamora’ y ‘Gugu’, integrantes clave de la estructura Carlos Patiño, dirigieron la asonada con una precisión militar y una fachada civil. El objetivo no era solo retener a los soldados: era enviarlos a una trampa mortal.
¿Quiénes son los responsables?
Según inteligencia de las Fuerzas Militares, la orden directa vino de Ánderson Vargas, alias Kevin, cabecilla de la estructura. Junto a él operaban Negro Yéferson, experto en explosivos y adoctrinamiento armado, y Zamora, identificado como Jhon Alexánder Jiménez Marín, responsable del traslado y coordinación logística.
El pasado 21 de junio, el Ejército capturó a alias Gugu, de apenas 19 años. Pero este joven ya era una pieza clave: su tarea era reclutar al menos 50 menores de edad cada semana, llevarlos a entrenamientos en Huisitó y convertirlos en combatientes. La comunidad fue preparada desde antes para una eventual confrontación si él caía.
El montaje detrás del “levantamiento”
El sábado comenzó la presión: civiles —muchos de ellos intimidados— rodearon a las tropas en El Plateado. Pero lo que parecía una protesta espontánea fue, en realidad, una acción orquestada. “Entrenaron a la comunidad como escudo humano”, afirma un alto oficial.
El secuestro se ejecutó en dos fases: primero, 31 soldados fueron retenidos. Luego, al día siguiente, otros 26 completaron el grupo de 57 uniformados secuestrados.
Las disidencias mintieron: aseguraron que serían llevados a Popayán. Pero el verdadero plan era desviarlos por la selva hasta una zona donde ya había un campamento preparado… para matarlos. El objetivo era claro: enviar un mensaje violento al Gobierno.
La operación que evitó una masacre
Con información de inteligencia interceptada, el alto mando militar activó la Operación Justicia, un despliegue de 450 hombres, 40 vehículos y 3 helicópteros, incluyendo uno tipo Arpía. La misión: rescatar con vida a los soldados, sin disparar una bala.
El comandante del Gaula Militar en Cauca, coronel Jhon Edwin Solarte, lideró la ofensiva. En menos de 24 horas, todos los uniformados fueron extraídos. Hubo detenidos, pero sin pruebas suficientes para judicializarlos, fueron dejados en libertad.
Comunidades bajo amenaza
Tras el hecho, una carta firmada por organizaciones campesinas y afrodescendientes de El Tambo dejó al descubierto otra cara del conflicto. “Somos obligados a participar en bloqueos y asonadas. Si nos negamos, nos multan, nos amenazan o nos matan”, escribieron. Denuncian que los ilegales cobran hasta $500.000 por desobediencia.
Estas comunidades, que han vivido años entre fuego cruzado y abandono estatal, pidieron una intervención urgente del Gobierno Nacional: “Estamos cansados del miedo, del reclutamiento forzado, del silencio impuesto”.
Lo ocurrido en El Plateado no fue solo un secuestro. Fue un manual criminal ejecutado con precisión. Fue también un grito de auxilio de una región secuestrada no solo por las armas, sino por el olvido.
Mientras los responsables aún operan en libertad, el país debe decidir si seguirá tratando el conflicto como un problema lejano… o enfrentarlo como lo que es: una amenaza viva y organizada en pleno 2025.
