El presidente Gustavo Petro alista un nuevo decreto que podría modificar de forma sustancial el equilibrio de poderes en Colombia. Según fuentes cercanas a la Casa de Nariño, el mandatario busca que el Consejo de Estado deje de ejercer como su juez de tutela, una decisión que estaría siendo impulsada con el respaldo del recién nombrado ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, y el secretario jurídico presidencial, Augusto Ocampo.
Esta iniciativa se produce tras un año marcado por múltiples fallos adversos del Consejo de Estado en contra del Ejecutivo, lo que ha alimentado tensiones entre el alto tribunal y el gobierno nacional.
Petro, quien ha expresado en diversas ocasiones su inconformidad con lo que considera una obstrucción institucional a su agenda de reformas, habría decidido actuar mediante decreto para redefinir esa relación jurídica.
La movida jurídica ha sido calificada por sectores políticos como una nueva forma de “decretazo”, similar a las polémicas iniciativas previas que buscaban convocar una constituyente o realizar una consulta popular. Aunque aún no se conoce el texto oficial del decreto, expertos en derecho constitucional advierten que la modificación de competencias de una alta corte por vía administrativa podría desatar un nuevo debate sobre la legalidad y los límites del poder presidencial.
El gobierno, por su parte, sostiene que el objetivo es “fortalecer la institucionalidad” y garantizar la imparcialidad en los procesos jurídicos contra el jefe de Estado. No obstante, sectores de oposición acusan al Ejecutivo de querer silenciar a uno de los órganos de control más importantes del país.
Con esta decisión, el presidente Petro reaviva las discusiones sobre la separación de poderes y plantea una nueva controversia en su ya tensa relación con el sistema judicial.
