La capital del Magdalena enfrenta tres problemáticas críticas: un alto índice de homicidios, un déficit de agua perpetuo y el vertimiento sin control de aguas residuales, que agravan la salud pública y el turismo.
Por: Redacción Digital. Y.A.
DIARIO LA LIBERTAD.
Una ciudad sitiada por la inseguridad
En lo que va de 2025, con corte al 17 de mayo, Santa Marta ha registrado 68 homicidios, cifra que la mantiene en el indeseado ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo. Este indicador no sólo refleja la vulnerabilidad de la capital del Magdalena, sino que también explica el clima de inseguridad que viven sus habitantes. En el resto del departamento, la situación es igual de alarmante: Ciénaga acumula 43 asesinatos, Puebloviejo 11 y Zona Bananera 30, todas localidades pequeñas que evidencian la expansión de la violencia urbana.
Expertos coinciden en que la raíz del problema radica, en buena medida, en las disputas territoriales entre grupos armados ilegales como las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Ambos se disputan el control del narcotráfico y la extorsión a comerciantes, actividades que financian su aparato criminal. Según fuentes de Medicina Legal, además de los asesinatos selectivos, se reportan frecuentes casos de tentativas, secuestros exprés y el hallazgo de armas de fuego tras operaciones fallidas de la Policía.
La creciente militarización de zonas urbanas y suburbanas no ha logrado frenar la llegada de armas ni la consolidación de “puntos calientes” de violencia, especialmente en barrios como El Rodadero, Bureche y Gaira. Los ciudadanos exigen a las autoridades mayor presencia de la fuerza pública, pero también reclaman acciones de fondo: programas de prevención social, oportunidades laborales y apoyo a la juventud en riesgo de ser reclutada por las bandas. Sin embargo, hasta ahora, las intervenciones se han limitado a operativos reactivos que enfatizan el uso de la fuerza sobre la acción preventiva.
Agua potable: un servicio intermitente y precario
Mientras la inseguridad cobra vidas, otro recurso esencial para la supervivencia y el desarrollo, el agua potable, escasea. Santa Marta sufre de manera crónica la intermitencia en el servicio debido al deterioro estructural de su acueducto, que no ha sido dimensionado para una población creciente. La Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (ESSMAR) y la Alcaldía se han cruzado acusaciones por la falta de planificación a largo plazo y la insuficiente inversión en mantenimiento, lo que deja a gran parte de la ciudad sin acceso continuo al líquido vital.
Ante la emergencia de déficit de agua, se han implementado parches provisionales como la distribución por carrotanques, que no cubre más que una fracción de la demanda real. El fenómeno de El Niño y las sequías recurrentes han profundizado la crisis, reduciendo los caudales de los ríos que alimentan el sistema, al tiempo que la inexistencia de pozos alternos operativos agrava el desabastecimiento. En barrios populares como Gaira y Bello Horizonte, las tortuosas filas para rellenar bidones se han convertido en el pan de cada día.
Adicionalmente, la denuncia de una “mafia del agua” —red clandestina de válvulas ilegales y conexión a redes privadas— ha crecido, pues se rumora que reventa el recurso a precios usureros. Esto no solo encarece el servicio para quienes dependen de carrotanques, sino que perpetúa la desigualdad: mientras zonas turísticas como Rodadero mantienen suministro intermitente pero constante, sectores vulnerables quedan sin agua durante días.
La falta de coordinación institucional entre la ESSMAR y la Alcaldía frena la ejecución de proyectos de ampliación de la red y la instalación de nuevas estaciones de bombeo. Expertos recomiendan un marco normativo claro que garantice la continuidad de políticas públicas, así como la búsqueda de financiamiento nacional e internacional para modernizar la infraestructura. Hasta entonces, los ciudadanos siguen enfrentando gastos adicionales en la compra de agua embotellada y soportando las secuelas de higiene precaria: brotes de diarreas y afecciones dermatológicas.
Aguas residuales: un vertimiento sin control
A la crisis del agua potable se suma el problema de las aguas residuales, cuyos rebosamientos han convertido varias calles de Santa Marta en canales de desechos. Sectores como Bonda y Taganga reportan filtraciones constantes y basureros a cielo abierto que emanan malos olores y atraen vectores de enfermedad. En la calle 4 con 22 de Bonda, vecinos denuncian que nunca fueron instaladas las tuberías de alcantarillado, lo que ha provocado que las aguas negras broten sobre la vía y se estanquen junto a residencias.
El corregimiento de Taganga, destino de turistas nacionales e internacionales, presenta grietas y huecos en sus vías principales debido a la erosión por los rebosamientos, poniendo en peligro la integridad de conductores y peatones. En la carrera 1 entre calles 8 y 9, tapas de registros de agua faltantes han causado múltiples accidentes, pues los transeúntes caen en los pozos o tropiezan con las tuberías rotas.
Peor aún es la descarga directa de aguas residuales sin tratamiento a la bahía de Santa Marta, un ecosistema frágil que sustenta actividades pesqueras y turísticas. El Consejo de Estado, tras revisar denuncias ciudadanas, calificó el sistema de monitoreo del emisario submarino como deficiente y ordenó una investigación formal. El cierre preventivo de la bahía, decretado por la Alcaldía el pasado mes de abril de 2025, buscaba evitar la propagación de patógenos y contaminantes que afectan la vida marina y representan un riesgo sanitario para los bañistas; sin embargo, no es una solución definitiva.
Impacto social, ambiental y económico
Las tres problemáticas —inseguridad, déficit de agua potable y vertimientos de aguas residuales— convergen en un escenario de deterioro de la calidad de vida y la imagen turística de Santa Marta:
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Salud pública: El estancamiento de aguas residuales y el consumo de agua sin el tratamiento adecuado han dado lugar a brotes de gastroenteritis, infecciones de la piel y proliferación de mosquitos transmisores de dengue y zika.
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Turismo resentido: Los visitantes, ante la posibilidad de contagiarse o sufrir interrupciones en el servicio de agua, empiezan a buscar destinos alternativos, lo que impacta los ingresos de hoteles, restaurantes y prestadores de servicios.
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Economía local: Las interrupciones de agua y los constantes toques de queda en zonas de alta criminalidad encarecen la operación de comercios y disminuyen la inversión privada.
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Medio ambiente: Los vertimientos sin control dañan los arrecifes coralinos y la biodiversidad marina, poniendo en riesgo la pesca artesanal, actividad de la que depende parte de la población costera.
Hacia una solución integral
Para afrontar estas crisis simultáneas, especialistas y líderes comunitarios proponen un plan maestro que incluya:
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Inversión en infraestructura: Modernización del acueducto, habilitación de pozos profundos y ampliación de redes de alcantarillado con tratamiento de aguas residuales.
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Coordinación interinstitucional: Establecimiento de mesas de trabajo permanentes entre ESSMAR, Alcaldía, Policía, organizaciones comunitarias y agencias nacionales de recursos hídricos.
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Prevención de violencia: Programas de desarme, reinserción social y acompañamiento a jóvenes en riesgo, así como fortalecimiento de la Inteligencia Policial para desmantelar rutas de narcotráfico.
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Marco normativo y rendición de cuentas: Reformas legales que regulen la gestión del agua y la fiscalización ambiental, con veedurías ciudadanas y sanciones claras a quienes instalen redes ilegales.
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Planes de contingencia: Estrategias para enfrentar fenómenos climáticos extremos, como El Niño, que contemplen almacenamiento de agua y protocolos de emergencia sanitaria.
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Educación y cultura ciudadana: Campañas de sensibilización sobre el uso racional del agua, la no descarga de residuos sólidos en el alcantarillado y la denuncia oportuna de actividades delictivas.
La encrucijada de Santa Marta exige un enfoque integral que reconozca la interdependencia entre seguridad, servicios públicos y medio ambiente. Solo así podrá restaurarse la confianza de los ciudadanos y visitantes, garantizando un futuro más próspero para la perla del Caribe colombiano.
Y.A.
