En el Día del Orgullo, el organismo advirtió sobre 46 asesinatos, 14 homicidios de personas trans y desplazamientos forzados en zonas de conflicto como el Catatumbo.
En el marco de la conmemoración del Día del Orgullo, la Procuraduría General de la Nación lanzó una alerta sobre el aumento de crímenes contra líderes de la comunidad LGTBIQ+ en Colombia. Según el organismo, al menos 46 personas han sido asesinadas en lo que va del año, lo que enciende las alarmas sobre el estado de los derechos humanos de esta población.
El Ministerio Público exigió a las autoridades una acción urgente para esclarecer estos crímenes, acelerar los procesos judiciales y condenar a los responsables. Asimismo, pidió que tanto la sociedad como las instituciones colombianas actúen de manera contundente para garantizar los derechos de la población LGTBIQ+, quienes siguen siendo víctimas de violencia estructural y discriminación.
El informe entregado por la Procuraduría revela que, en los primeros seis meses de 2025, también se registraron 14 homicidios de personas trans y el desplazamiento forzado de al menos 40 personas LGTBI en el Catatumbo, una región del departamento de Norte de Santander, limítrofe con Venezuela.
La situación en esta zona del país se ha agravado desde enero, cuando se intensificaron los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC, lo cual provocó más de un centenar de muertos y miles de desplazados. En medio de ese conflicto, las personas LGTBI han quedado particularmente expuestas a amenazas, persecución y desarraigo.
Los departamentos con mayores registros de vulneraciones contra la comunidad, según la Procuraduría, son Antioquia, con 20 casos en el primer semestre de 2025; seguido de Bolívar, con cinco, y Valle del Cauca, con cuatro.
La Procuraduría reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos humanos y recordó que la diversidad sexual y de género no puede seguir siendo una condena de muerte en muchos territorios del país. Finalmente, instó a las autoridades civiles, policiales y judiciales a aplicar una política pública efectiva de protección y prevención, especialmente en contextos de alto riesgo y conflicto armado.
Y.A.
