La Procuraduría busca esclarecer si se usaron recursos públicos y coerción laboral para apoyar actos proselitistas en la región.
La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar contra varios funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en el departamento del Cesar, ante denuncias sobre una presunta participación indebida en actividades políticas.
Según información revelada por una fuente anónima, algunos directivos de la ANT estarían exigiendo aportes económicos a empleados de la entidad para costear acciones de tinte político, entre ellas el transporte de líderes sociales y comunitarios a eventos partidistas.
El ente de control también está verificando si estas solicitudes económicas venían acompañadas de amenazas de represalias laborales, como exclusión de procesos internos o sanciones administrativas, lo que agravaría la falta disciplinaria.
La Regional Cesar de la Procuraduría se encuentra identificando a los funcionarios presuntamente implicados, con el objetivo de establecer si estas conductas vulneran la normativa que prohíbe el uso de cargos públicos con fines proselitistas.
Este nuevo caso se suma a otras investigaciones en curso que involucran a la Agencia Nacional de Tierras por posibles irregularidades en la adquisición de predios y manejo de información.
